La contundente respuesta en la calle tras la sentencia del procés que hoy cumple una semana y su séptima noche de acciones en la calle, con un balance de 18 personas en prisión y 70 puestas a disposición judicial, dibuja no solo la desconexión entre el Govern y la Moncloa, explicitada ya su distancia tras la negativa de Pedro Sánchez de atender las llamadas de Quim Torra mientras no abandone sus poco convincentes condenas de los disturbios. La organización y planificación en las movilizaciones no se perciben tampoco en las instituciones, ni en la Generalitat ni en Moncloa, abriendo el abismo entre los dos agentes que pueden acercarse para acabar con el escenario surgido hace una semana. La citada respuesta en la calle también ha abierto un escenario de división, no estrenado ahora, entre las fuerzas independentistas exhibido con la propuesta errática del president y en sede parlamentaria de un nuevo referéndum que no conocían ni su socio de Gobierno, ERC, ni su propio partido. En este escenario de división no disimulada, ayer mismo con la denuncia de Puigdemont de la deslealtad de los socios del Govern o la velada crítica de la portavoz de ERC en el Congreso sugiriendo que algunos no deseaban la respuesta institucional a la sentencia, se libra la otra batalla, la de los agentes intramuros del independentismo. Otra refriega política entre el espacio de Puigdemont y el de Oriol Junqueras, un abismo que se agranda entre JuntsxCat y ERC incapaces de trazar una estrategia y liderazgo común que transita entre la huida hacia delante de parte de los neoconvergentes y la moderación de los republicanos cuyo desmarque podría favorecer por primera vez el sorpasso en Catalunya bajo las tesis no explicitadas de una dimisión de Torra y la convocatoria de una nueva cita electoral solo posible si ERC le fuerza a dar por terminada la legislatura, deje caer al Govern y, por ende, al president. La puesta en marcha de un Gobierno progresista en Madrid alentaría la posibilidad de un gobierno transversal de ERC apoyado por los socialistas de Iceta y los comunes de Colau, aislando así a sus viejos socios y capitalizando su espacio político. Con todo, la sentencia del Supremo tras focalizar en las calles el descontento y la frustración podría impulsar un inédito y modificado escenario en la gobernabilidad de Catalunya.
