Las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo -portavoz del PP en el Congreso por decisión expresa de Pablo Casado pese a las reticencias de numerosos barones del partido- sobre la “tibieza” del PP vasco con el nacionalismo y al respecto de los derechos históricos y la reacción ante las mismas de Alfonso Alonso cuando remite a la presencia de Casado en el cierre de la convención del PP del País Vasco este fin de semana han logrado crear una expectación de la que carecía la cita de los populares vascos, a la que dotan de una visibilidad muy superior a la realidad de su ahora limitado peso político en Euskadi. Se trata, en todo caso, de una expectativa tan artificial como la polémica que la produce, en la que lo verdaderamente resaltable es el desconocimiento implícito en las palabras de Álvarez de Toledo de la salvaguarda constitucional que “ampara y respeta de los derechos históricos de los territorios forales” explicitada en la Disposición Adicional Primera de la Constitución. No en vano, la posición del Partido Popular, de su dirección nacional, en torno a la foralidad, que Alonso pretende rescatar ahora de la tradición fuerista liberal que ya encarnaron en el siglo XIX políticos como Gortázar o Balparda, no viene dictaminada por las declaraciones de Álvarez de Toledo, ni siquiera por el respaldo (o no) que pudiese ofrecer hoy en Gasteiz Pablo Casado a esa exigencia de “perfil propio” que pretende el PP vasco de Alonso, sino por las actitudes previas y la política de alianzas que el presidente del PP pretende impulsar; sea a corto plazo si como parece se convocan elecciones para el 10 de noviembre, sea a medio plazo. En esa suma, dos y dos son cuatro: si las actitudes previas del PP no han sido a lo largo de su historia, en la que se incluye la posición contraria al Estatuto de su precursor, Alianza Popular, precisamente favorables al desarrollo y cumplimiento de los derechos forales, la pretensión de coaligarse con las otras dos formaciones del espectro de derecha, Ciudadanos y Vox, bajo el mantra de España suma evidencia sus intenciones. Tanto los de Rivera como los de Abascal han dado notorias muestras de su oposición radical al autogobierno que emana de y se sustenta en la foralidad y expresado en numerosas ocasiones su pretensión de suprimirlo.
