De las reuniones en torno a un posible nuevo intento de investidura desarrolladas ayer por la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, con los de ERC, Gabriel Rufián y Carolina Telechea, y por el propio Pedro Sánchez y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y su portavoz parlamentario Aitor Esteban puede deducirse la conclusión de que nada ha cambiado más de cuarenta días después de la fallida doble sesión del 23 y 25 de julio. Lo que precisa Sánchez en todo caso es un acuerdo con Unidas Podemos -formación con la que los socialistas se han citado hoy- para el que el soberanismo catalán y el nacionalismo vasco no serán un impedimento, más bien al contrario. Ni siquiera la doble torpeza política -e incluso intelectual- de incluir una negativa muy explícita a las exigencias catalanas e ignorar, también explícitamente, la realidad sociopolítica y las necesidades de desarrollo económico de Euskadi en las 370 medidas de ese denominado Programa Común Progresista que presentó Sánchez un día antes han variado los planteamientos de ERC y PNV, proclives a evitar unas nuevas elecciones y el consiguiente riesgo de alteración de las mayorías en el Congreso. Siempre, claro está, que PSOE y Podemos superen la desconfianza y las pretensiones que durante semanas les han mantenido en el bloqueo, sea mediante la asunción de un acuerdo programático, de un acuerdo de colaboración o de otro más amplio. Es decir, al candidato socialista y presidente en funciones durante cerca ya de cinco meses necesita -y le bastaría- sumar los 42 votos de los de Pablo Iglesias para salir elegido en segunda votación por mayoría simple, pero sólo en ese caso Sánchez podría pretender ampliar dicho espectro con la premisa mínima de la puesta en práctica inmediata del compromiso en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la legislatura anterior. Quizá también en la esperanza de que no impedir primero -y apoyar en su caso- la conformación de un gobierno “de progreso” acordado entre PSOE y Podemos pueda ser el antecedente del diálogo con el que el Estado debe reestructurarse y resolver las aspiraciones de Euskadi y Catalunya eludiendo la imposición política que ha evidenciado durante las cuatro décadas transcurridas desde la Transición.
