La promesa, de carácter electoralista pero firme, de Pedro Sánchez de proceder a la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, medida que fue aprobada por su Gobierno el 15 de febrero pasado, y la consiguiente peripecia política y judicial que, de momento, ha impedido llevarla a cabo ha tenido la virtualidad de poner el foco en la afrenta que supone para miles de víctimas y sus familiares la mera existencia del mausoleo de exaltación franquista, pero no aborda otra realidad igualmente o aún más ofensiva. El valle de Cuelgamuros alberga, junto a Franco y Primo de Rivera, los cuerpos de miles de combatientes de la guerra, muertos en la contienda, víctimas de la persecución, la represión y de asesinados por el régimen franquista, muchos de ellos sin siquiera identificar y la gran mayoría exhumados y trasladados allí sin el conocimiento ni permiso de sus familiares, una situación anómala, un agravio añadido insoportable e insostenible que cualquier gobierno democrático debiera de resolver de manera urgente. Según los datos del reciente informe elaborado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, que ha rescatado del olvido a cerca de 20.000 vascos de ambos bandos muertos durante la guerra -muchos de ellos aún enterrados de manera anónima en fosas comunes o cunetas-, en el Valle de los Caídos hay al menos 1.231 cuerpos de ciudadanos procedentes de Euskadi, una cuarta parte de ellos sin identificar. Ante esta injusta situación que se prolonga ya durante ochenta años, una docena de familias han iniciado los trámites para recuperar los cuerpos de las entrañas del mausoleo franquista, tal y como publicó este periódico la semana pasada. Tratan, así, de exhumar los restos para enterrarlos dignamente en su tierra, junto a los suyos. Los obstáculos, sin embargo, son muchos. Décadas de silencio y de olvido y, también, la excesiva burocracia, el secretismo impuesto y la gestión que se lleva a cabo en el Valle están impidiendo incluso su identificación y localización dentro del propio lugar. Es, por ello, necesario un impulso político democrático, respetuoso con la memoria histórica, de aliento humano, de justicia y apuesta por una convivencia sin olvido que, más allá de los restos del dictador, cierre por fin una herida abierta que supone un desprecio y una ofensa a las víctimas.
