El anuncio por el lehendakari, Iñigo Urkullu, de la creación efectiva el próximo mes de julio de un fondo público-privado como uno de los nuevos instrumentos de apoyo a los proyectos empresariales vascos convertirá en realidad en apenas semanas una herramienta necesaria tanto para el desarrollo de la competitividad de la economía vasca como para asegurar la vinculación a Euskadi de sus proyectos más exitosos y que por ese mismo éxito podrían ser considerados interesantes para inversores extranjeros. El nuevo fondo, en principio dotado con entre 200 y 250 millones, no se articulará como solución de continuidad de proyectos más o menos fallidos para los que ya existen otras vías de inversión, sino que parte con vocación de impulsar aquellos con horizonte y posibilidades de progreso y crecimiento y de hecho analiza ya algunos de los que se consideran susceptibles de contar con su respaldo por cuanto lo necesitan para seguir creciendo. Que ese respaldo llegue de un fondo vasco, es decir, de lo que aportarán entidades públicas (gobierno, diputaciones...) y privadas (entidades de previsión, grupos empresariales...) de nuestro país cubre la necesidad de inversión que abre la puerta a la entrada de capital ajeno a Euskadi y, por tanto, más suceptible de considerar la deslocalización del proyecto, un riesgo que no se fundamenta solo en los costes de producción sino cada vez más en las capacidades de desarrollo del mismo que ofrece la globalización. De hecho, la puesta en marcha del fondo es algo que, en este u otro formato, venían solicitando incluso desde antes de la crisis que se inició en 2008 tanto los empresarios como los sindicatos y los expertos y que ahora, con Euskadi situada entre las regiones de la Unión Europea con más nivel de innovación, encuentra razones añadidas. Se trataría, por último, de la actualización de la tradicional colaboración público-privada que tantos frutos ha dado a la economía vasca y de la tercera clave de las nuevas políticas industriales exigidas por las necesidades del entramado socioeconómico vasco, tras la apuesta de nuestras instituciones por la educación y la investigación como aspectos fundamentales de una competitividad que venía precisando nuevas soluciones para aumentar la capacidad de internacionalización, sin que ello conlleve la amenaza de una pérdida de arraigo.