La aprobación definitiva el lunes por el Consejo de la Unión Europea de la normativa que fija la reducción para 2030 de emisiones contaminantes de vehículos particulares en un 37,5% respecto a los niveles que se registren en 2021 y la obligatoriedad de equipar a los coches con limitador de velocidad desde 2022 son parte esencial en la pretensión de la UE, trasladada como obligación a sus estados miembro, de limpiar su sistema de movilidad y descarbonizar el sector del transporte. De hecho, ambas medidas son solo dos de las mejoras tecnológicas que forman parte de un planteamiento mucho más amplio donde se incluyen una diferente planificación de las ciudades, una apuesta por los combustibles alternativos o una aplicación más estricta de las normas y la exigencia respecto a las inversiones en infraestructuras. Pero, en todo caso, son medidas directas sobre un sector, el del transporte, que supone un tercio del consumo final de energía (75% del total por carretera) y una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de las que casi la mitad (44,4%) proviene del uso del vehículo privado. Y aun siendo cierto que el control de las emisiones pasa asimismo y en su mayor parte por la descarbonización de la industria y, sobre todo, de los procesos de obtención de energía, no lo es menos que, según estimaciones de la Comisión Europea, en 2050 el transporte de pasajeros se habrá incrementado más de un 50% y el transporte de mercancías más de un 80% en comparación con 2013. Por lo que si el parque automovilístico europeo supera los 300 millones de vehículos y cada año se matriculan en torno a 14 millones de coches nuevos, la consecución del objetivo de reducir un 30% las emisiones contaminantes de los sectores no incluidos en el sistema europeo de emisiones, como el transporte, pasa obligatoriamente por reducir la emisión media de cada vehículo nuevo matriculado de los 130 gramos de CO2 por kilómetro de 2015 a 95 gCO2/km en 2021 y sucesivamente, lo que exige la continua transformación del vehículo con que un ciudadano de la UE realiza una media de 9.000 kilómetros anuales. Más, si cabe, cuando Europa está, salvo honrosas excepciones como Noruega, lejos aún de cumplir la legislación de la UE que estipula que el 10% de la energía consumida en el sector del transporte debe proceder de fuentes de energía renovables para el año que viene.