El veredicto del jurado hecho público ayer en el tribunal de Fort Lauderdale (Florida), en el que se declara a Pablo Ibar culpable de los seis cargos que se le imputaban supone un gran mazazo para el joven de origen vasco, una decisión cruel y desoladora para su familia y un tremendo varapalo para su defensa y las asociaciones de derechos humanos que siempre han confiado en su inocencia y en que se pudiera hacer justicia. No en vano, Ibar ha sido sometido por este mismo caso a cuatro juicios -los tres primeros fueron anulados al detectarse múltiples irregularidades- tras estar acusado de asesinato en primer grado por la muerte a tiros y por las espalda de tres personas. Por ello, y aunque siempre ha proclamado su inocencia con el apoyo total de su familia y su esposa, lleva 25 de sus 46 años en prisión, 16 de los cuales los ha pasado en el corredor de la muerte. Para quienes conocen el caso al dedillo y han seguido las sesiones de la última vista oral, se trata de un veredicto -tomado de manera unánime por las doce personas que forman el jurado- decepcionante, inexplicable y que ahonda en la injusticia que está sufriendo. De hecho, durante las 22 sesiones del juicio, no se ha aportado por parte de la fiscalía novedad alguna en cuanto a pruebas se refiere. Es decir, que, según sus allegados, el veredicto se ha dictado sin ninguna prueba física concluyente en cuanto a análisis de ADN, huellas dactilares o de sangre y sin ningún testigo fiable que situase a Ibar en el lugar de los hechos cuando se produjo el triple crimen. Además, la endeble prueba del vídeo en el que aparece una persona con un supuesto parecido al del joven no ha contado con la identificación acreditada por ningún experto independiente, más bien al contrario. A todo ello se unen otros aspectos como las irregularidades en la custodia de las pruebas, análisis de ADN cuestionados por la comunidad científica y la justicia en todo el mundo, el borrado de cintas que estaban depositadas en dependencias policiales, la compra acreditada de testigos falsos y, en fin, un cúmulo de actuaciones anómalas que permiten dudar de la justicia de la decisión. Fijado el veredicto, a Pablo Ibar solo le queda, en primer lugar, luchar para evitar que el juez emita una sentencia de pena de muerte, lo que significaría la mayor vulneración de los derechos humanos, y, posteriormente, apelar para continuar esta desigual e interminable batalla por su inocencia.