Los Presupuestos Generales son el objetivo primero de un gobierno en cada ejercicio como mecanismo natural para poder acometer la implantación y alcance de las políticas que pretende desarrollar. Por esa razón, no debería ser reseñable que el proyecto de Presupuestos presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y aprobado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez difiera de forma nítida de los anteriores, elaborados por Cristóbal Montoro en los gobiernos de Mariano Rajoy. Y, sin embargo, esa diferencia, especialmente en cuanto al carácter social de los mismos, y la consideración de las cuentas como herramienta para proteger derechos y libertades y para amparar el diseño del Estado de las autonomías, aspectos que especifica y protege el texto constitucional, fueron los principales argumentos de justificación de las Cuentas por parte de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Tiene una explicación: la pretensión de Sánchez de reducir el espacio de crítica al proyecto aprobado ayer para presionar a los grupos parlamentarios que apoyaron la moción de censura con el fin de que no se desmarquen de las cuentas. Ahora bien, esa estrategia que permite al Gobierno socialista ganar un tiempo que necesita tras los resultados electorales en Andalucía tiene un par de meses de caducidad. El anuncio de que la inversión en Catalunya crecerá por encima del 18% del total, más de 800 millones de euros, no es sino el cumplimiento de la disposición del Estatut que sitúa el esfuerzo inversor del Estado en Catalunya en proporción al peso de esta en la economía estatal. Y, como en el caso de las transferencias a Euskadi, comprometidas ya con anterioridad pero aún pendientes, se trata únicamente de cumplir la ley. Que en virtud de la nula confianza en que la actual derecha española pudiera llegar a cumplirla y en previsión de que, por el contrario, buscara alterarla en el caso de llegar al poder, catalanes y vascos permitan a Sánchez superar el debate de las enmiendas a la totalidad y la tramitación de los presupuestos no asegura su aprobación, que aún necesita del dictamen de la Comisión de Presupuestos a mediados de febrero y la posterior votación en el pleno del Congreso. Sánchez consigue el tiempo que necesita. Pero es un tiempo que, para afianzar las confianzas, debe ser utilizado también para dar cumplimiento a sus compromisos anteriores.