La liberalización de las rebajas tras la aprobación en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy del Real Decreto Ley de 13 de julio de Medidas para Garantizar la Estabilidad presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, -en su art. 27 daba al comerciante la potestad de determinar el periodo de ofertas y su duración- y el auge del comercio electrónico o venta a través de Internet han acabado por condicionar el impacto socioeconómico de la campaña iniciada ayer y que en Euskadi suponía no hace tanto hasta el 30% de la facturación del pequeño comercio. Era algo que seis de cada diez empresarios del sector ya avanzaron cuando el Tribunal Constitucional dictaminó contra la protección frente a dicha liberalización que pretendía el Gobierno Vasco al dictaminar dos periodos concretos de rebajas. Y hoy supone una amenaza real para un comercio que ya compite con dificultad frente a los grandes grupos, especialmente en el ámbito de la moda y los complementos. Aunque Euskadi siga siendo la comunidad con una media de gasto más alta en este periodo de rebajas, rozando los 140 euros por 121 de media en el Estado, y a que el sector espera aumentar aún un 3% sus ventas respecto al pasado ejercicio, la presencia permanente durante todo el año de ofertas y descuentos y la cada vez mayor penetración del comercio electrónico -el principal distribuidor por Internet pondrá en circulación en torno a dos millones de artículos durante esta campaña- ha conformado una situación difícil para el comercio cercano, más proclive a las promociones puntuales frente a las campañas prolongadas que sí interesan a las grandes firmas distribuidoras. Y de ello se deduce que sigue sin darse respuesta a las teóricas pretensiones del decreto aprobado hace más de seis años. No la ha tenido en cuanto a empleo, ya que si la actual campaña conlleva un reforzamiento de plantillas que en Euskadi supone 5.300 contrataciones (+1% respecto a 2018) y 157.000 en el Estado (+8%), la pérdida paulatina de rentabilidad se refleja también en las condiciones y duración de dichos contratos. Y no parece haber servido, ni mucho menos, para que el sector comercial, más allá de los grandes grupos de distribución, pueda adaptarse mejor a las nuevas exigencias que impone el cambio ya constante en los hábitos de los consumidores.