La de nuevo muy masiva respuesta de la sociedad catalana, con motivo de la Diada, a las convocatorias reivindicativas de sus derechos políticos y de los de quienes por la defensa de los mismos se hallan en prisión preventiva y a la espera de juicio no hace sino evidenciar otra vez, de nuevo, la exigencia de vías de solución a un problema al que en los últimos tiempos únicamente se había conducido al enquistamiento. Tres meses después de que Pedro Sánchez sustituyera a Mariano Rajoy al frente del gobierno del Estado y en el inicio del nuevo curso político, parece obligado exigir del todavía reciente presidente español que convierta en práctica política lo que hace exactamente un año, con motivo de la Diada de 2017, publicó en su cuenta personal de Twitter: “Por la vía del diálogo, la convivencia y el respeto un nuevo acuerdo para Cataluña es posible”. La segura presión de la derecha unitarista española que se disputan PP y C’s ni puede ni debe evitar ese horizonte en la acción de Gobierno de Sánchez en el contencioso catalán. Que decisiones no siempre suficientemente reflexivas del Govern de Carles Puigdemont y la inveterada desviación autoritaria y judicializante del gobierno del PP llevaran entonces -también debido a intereses partidistas- a tensionar la situación hasta impedir cualquier atisbo de diálogo y, por tanto, de solución acordada es la mejor evidencia de que el camino a recorrer ahora por los ejecutivos de Torra y Sánchez es precisamente el de la negociación, aun si de aquellas actitudes todavía se soportan consecuencias indeseadas e incluso personalmente dolorosas a las que es preciso poner fin. El soberanismo catalán también se halla en la disyuntiva entre eternizar la reivindicación callejera, aun si esta se considera legítima y fundamentada, con el riesgo de que el pulso social pierda su efervescencia y se desvíe hacia la mayor división social que los extremos de ambos lados persiguen, o construir una negociación que no solo dé solución al conflicto político catalán -que la Diada conmemore unos hechos ocurridos hace más de tres siglos es la mejor prueba de su existencia- sino que también a través del acuerdo ayude a deconstruir el armazón jurídico levantado por la politizada actuación de la justicia española para perseguir a los políticos soberanistas y mantenerlos en prisión.