La comparecencia ayer del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, dejó, respecto al acercamiento de los presos de ETA, un contundente reproche al Partido Popular. El ministro acusó a la formación de “inyectar odio” al criticar como arma política el acercamiento de presos a través de una presión acrecentada desde la llegada a la presidencia del partido de Pablo Casado, pese a que el aprovechamiento político desde el fin de ETA es cada vez menor. El traslado de los presos Olga Sanz y Xabier Moreno a Basauri, tras veinte años en el Centro Penitenciario de Asturias, cumplió todos los requisitos exigidos legalmente, junto a la desvinculación de ETA y un ejercicio de autocrítica respecto a la violencia. El firme y reiterado mensaje de Grande-Marlaska, sin embargo, de que no se trata de beneficios penitenciarios ni privilegios y que, en este sentido, habrá más traslados individualizados en el marco de la estricta legalidad penitenciaria, debiera abrir el camino hacia una reorientación de esta que transite acorde con los tiempos políticos, sin ETA en el escenario y, por tanto, sin pretextos para la vulneración de derechos en el caso de los presos enfermos graves o mayores de 70 años. Deseable sería también la atenuación del ruido tradicional del PP en torno a las víctimas que ha dibujado su falta de coherencia después de iniciar este movimiento en la etapa de Rajoy. Bajo el respeto a la legalidad y también a las víctimas, se van dando pasos en este sentido a pesar de las continuadas presiones cargadas de declaraciones de impacto como hablar de “acercamientos masivos”, impulsadas al calor de la salida de los populares de La Moncloa y que resucitan ahora con fuerza como una de sus proverviales divisas políticas. Con todo y a pesar de los pasos dados, es necesaria esa nueva orientación de la política penitenciaria que permita afianzar la convivencia tras la disolución definitiva de ETA y, del lado de los presos, una vez más, su evolución junto a la exigencia de una reflexión autocrítica sobre la injusticia del daño causado. Solo así, manteniendo una revisión de la política penitenciaria de mano de la voluntad de los reclusos, se conseguirá un escenario eficaz para alcanzar dos retos necesarios: el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a las víctimas.
