por segunda vez después de la movilización del pasado 14 de abril, la convocatoria promovida por las familias de los ocho jóvenes entonces imputados y ahora condenados por el incidente nocturno en un bar de Altsasu con dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas recabó un respaldo masivo. La demanda de proporcionalidad volvió a tornarse en un clamor en las calles pamplonesas y, si hace un mes se trataba de refutar la inaudita acusación de terrorismo, ayer al menos 60.000 personas presentes denunciaron el abusivo exceso de las penas dictadas de hasta 13 años de cárcel aun cuando ni la misma Audiencia Nacional pudo refrendar el delito que de forma arbitraria se imputaba y que la Audiencia de Navarra ya descalificó infructuosamente en su momento ante la subsiguiente resolución del Tribunal Supremo a favor de las tesis más duras. A la reivindicación de un juicio basado en la preceptiva individualización de los hechos con la observancia de todas las pruebas a desarrollar en el juzgado natural y no en un tribunal de excepción -un enfoque inclusivo ajeno a cualquier exigencia de impunidad- se sumó ayer la del inmediato acercamiento a la prisión de Iruña de los siete jóvenes encarcelados. Una petición insoslayable y cuyo eventual rechazo sólo podría entenderse desde un ensañamiento de índole política, el mismo que cabe atisbar en la obcecación de la Fiscalía al solicitar de nuevo hasta casi 63 años de cárcel por terrorismo, llegando por añadidura al delirio de achacar al enjuicimiento del reprobable altercado de Altsasu la disolución de ETA nada menos. Precisamente por el obsesivo posicionamiento del Ministerio Público cabe glosar en mayor medida la ejemplaridad de la manifestación de ayer, un éxito organizativo merced a la labor de 250 voluntarios que precisó de la gestión de autobuses procedentes de un centenar largo de territorios de todo el Estado. Una iniciativa, por tanto, cuyo eco debiera escucharse desde estrictos cánones democráticos, en particular por el Gobierno español entrante, pese al redoblado intento del esencialismo conservador y sus profusos altavoces mediáticos no sólo de criminalizarla, sino de seguir estigmatizando a todo un pueblo y de estirar hasta la náusea el aprovechamiento político de la infausta ejecutoria de ETA. El denominado caso Altsasu continúa precisando de parámetros de racionalidad, puesto que la dinámica de defender a unas víctimas creando otras es una anacrónica aberración.
