El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, clausuró ayer la Convención del PP, una cita preparada como pistoletazo de salida de la carrera electoral para los comicios del próximo año, para lo que se buscaba un espíritu de unidad y prietas las filas ante los muchos frentes que acorralan a los populares. Sin embargo, las graves crisis abiertas, por motivos distintos, en dos de las comunidades autónomas más importantes del Estado -Catalunya y Madrid- y los últimos acontecimientos que han tenido lugar sobre ellas han sobrevolado sobre la Convención sevillana. En este sentido, la cita se ha cerrado en falso, con meras alusiones plagadas de argumentos manidos por parte de Rajoy y un respaldo también de manual a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en el ojo del huracán y que se enfrenta a una moción de censura. Mientras el caso de Cifuentes debería ya estar resuelto mediante la dimisión o el cese obligado por su partido, en el conflicto catalán el varapalo propinado por la Justicia alemana a la judicialización del procés y a la instrucción que está llevando a cabo el juez Pablo Llarena, más allá de su recorrido estrictamente jurídico, debería suponer la oportunidad de plantear un punto de inflexión hacia su resolución mediante el ejercicio de la política en su sentido más cabal, canalizándolo a través del diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas. En este envite deberían estar concernidas todas las partes, tanto el Estado a través del Gobierno español como el independentismo, pero también el resto de las fuerzas políticas catalanas, incluidas las constitucionalistas. De momento, sin embargo, la resolución del tribunal alemán parece haber generado un desconcierto absoluto en el Ejecutivo -que incluso ha entrado a un estéril encontronazo con el Gobierno alemán- y ha desatado la euforia en las fuerzas soberanistas, que ahora están dispuestas a forzar la investidura de Jordi Sànchez, convencidas de que, con la última resolución de la ONU que avalaría su pretensión, una negativa del Tribunal Supremo desgastaría aún más a la Justicia española y reforzaría al independentismo en Europa, donde, tras la decisión de los juces alemanes, proliferan cada vez más las voces que piden una solución política y la implicación de las instituciones de la UE. Sería, sin duda, una fórmula idónea para resolver el conflicto de manera racional. Es decir, política.