El debate parlamentario sobre el futuro de las pensiones en el Congreso y la intervención de Mariano Rajoy dan medida de la relevancia real que concede este y la preocupación escasa con que afronta el que se podría considerar principal problema del país, ya que afecta directamente al bienestar de nueve millones de personas. De hecho, ambas están dirigidas a paliar el efecto electoral que puede provocar la caída del poder adquisitivo de los jubilados -toda vez que los mayores de 55 años conforman el 40% del electorado y un tercio de ellos ha votado al PP- y no las necesidades del colectivo, que no han impulsado a Rajoy a un replanteamiento, como dejó claro al rechazar la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 aprobada por la mayoría absoluta del PP, sino a un mero esbozo inconcreto de dos medidas ligadas a la aprobación de los presupuestos. Ante el enfado de los pensionistas, pero quizá contribuyendo a incrementarlo, Rajoy coge el rábano por las hojas al pretender solventar el problema general de las pensiones con una exención parcial del IRPF a las más bajas -que en su mayor parte no deben hacer declaración- y una mejora de las mínimas y de viudedad, que el Gobierno incumple continuadamente desde que se aprobara la subida de estas últimas en 2011, cuando lo que se exige es una revisión a fondo del sistema de Seguridad Social, que ha cerrado 2017, año con récord de ingresos por cotizaciones sociales (110.000 millones), con un déficit de 16.800 millones. Que el origen de dos terceras partes de ese déficit se halle en la pérdida de 3 millones de afiliados y la caída de 33.000 millones en ingresos frente al aumento de 45.000 millones del gasto en pensiones en el periodo más duro de la crisis (2008-2013) debería, por el contrario, explicar la verdadera raíz del problema y servir para encauzar una solución que, desde luego, no pasa por perpetuar hasta 2022 el 0,25% de actualización anual. Más bien demanda eliminar usos indebidos de los fondos del sistema (compra de bonos del Estado), corregir las numerosas reducciones y exenciones en las cotizaciones, una gestión cercana y ordenada que comprenda el cumplimiento de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social y aportaciones presupuestarias extraordinarias como las que se dedicaron en su día a paliar la deuda bancaria o a cumplir con los compromisos de Defensa.