En la negativa, o cuando menos enorme resistencia, del PP a considerar e incluso debatir sobre una readecuación del autogobierno que dé respuesta a las necesidades reiteradamente reflejadas por la sociedad vasca, tanto en citas electorales como en sondeos, subyace en realidad un subterfugio para imponer su lectura de la autonomía, minoritaria en Euskadi, a la que hace de la misma una mayoría política, parlamentaria y social. Que el presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, defina ese intento de actualización del autogobierno como un desbordamiento del marco constitucional supone además una lectura reduccionista de los derechos que el texto constitucional contempla e ignora los principios que alumbraron el consenso que hace cuatro decenios permitió la instauración de una nueva estructura política del Estado tras la dictadura. Quizá porque entonces el sector ideológico al que ahora representan el PP y Alonso soportó dicho consenso a regañadientes, también porque ahora el Partido Popular padece la presión desmedida de otra formación, Ciudadanos, que pretende atribuirse esa representación. En ese sentido, no deja de ser democráticamente muy cuestionable que una formación que representa al 10% del censo (107.771 votos) vasco y otra sin siquiera representación en Euskadi pretendan condicionar el debate hasta el punto de arrogarse un veto que antepone su satisfacción con el actual modelo -que sin embargo unos se han venido resistiendo a cumplir en su integridad y los otros cuestionan en principios esenciales- a la insatisfacción con esa situación que en diferentes aspectos, tanto políticos como socioeconómicos, presenta una amplísima mayoría de más del 73% del censo y del 76% de la representación parlamentaria. Tanto es así que para hacerlo pretenden apelar a un concepto de soberanía estatal unitaria (“inquebrantable”, según su dialéctica) que, sin embargo, no fue referencia en el momento de la elaboración y aprobación del Estatuto en vigor. Entonces, una vez elaborado el proyecto en ponencia en Euskadi, negociado en paralelo entre gobiernos y en la ponencia conjunta de la Comisión Constitucional del Congreso y la Asamblea de Parlamentarios Vascos, y aprobado en referéndum por la sociedad vasca el 25 de octubre de 1979, fue simplemente ratificado por el Congreso (29 de noviembre) y el Senado (12 de diciembre).
