La presentación ayer en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco por los grupos parlamentarios de sus propuestas de bases en torno a una reforma del Estatuto de Gernika o un nuevo estatus político permite adivinar la enorme dificultad del consenso. Aunque ha evitado su autoexclusión, la nula disposición del PP a la reforma estatutaria que explicitó el martes su presidente, Alfonso Alonso, no podría calificarse de sorprendente salvo por el razonamiento empleado, la total satisfacción con un Estatuto al que, sin embargo, se opuso su antecedente político, Alianza Popular, y que al de cuatro décadas de su aprobación permanece incumplido, con 37 transferencias pendientes y la limitación o usurpación de numerosas competencias debido a la actividad legislativa del Gobierno del Estado; muy concretamente, aunque no solo, cuando el propio PP lo ha ocupado. Así, la única aportación que los populares parecen ofrecer a la Ponencia es la de impedir la unanimidad; y su verdadero objetivo, el de actuar como freno a la posibilidad de que el PSE presente una postura abierta al acuerdo. Parece que con éxito, a tenor de las declaraciones de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y de su portavoz, José Antonio Pastor, quienes centran el debate en la inconstitucionalidad del derecho a decidir y el rechazo al reconocimiento de una soberanía diferenciada que omite -como el PP en su pretendida defensa del actual Estatuto- la Disposición Adicional Primera de la Constitución y la Disposición Adicional del Estatuto en cuanto que ambas preservan la capacidad del Pueblo Vasco a apelar a sus Derechos Históricos, anteriores a la propia Carta Magna. Quizá convendría, al respecto, recordar la opinión de uno de los más insignes pensadores del socialismo vasco, Toribio Echevarría, para quien “la reintegración foral no puede significar necesariamente la vigencia de la antigua legislación, sino el restablecimiento o restitución a favor de este país de aquellas facultades legislativa, ejecutiva, judicial y administrativa de que gozó hasta la abolición de los fueros, lo que significó su plena soberanía política”. No se trata de discutir eternamente sobre la denominación con que se concreta un derecho -que apoya el 76% de la Cámara, en todo caso- sino de evitar inflexibilidades y desaires innecesarios y de acordar las vías legales con que dar cumplimiento a todos los que competen a la sociedad vasca.
