La resolución adoptada ayer por el pleno del Tribunal Constitucional mediante la que acuerda no prohibir la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat, aunque la condiciona a su presencia física en el Parlament previa autorización judicial, es una decisión aparentemente salomónica que no termina por aclarar el panorama en Catalunya y supone al tiempo una desautorización al Ejecutivo de Mariano Rajoy. El fallo tiene pleno sentido jurídico respecto a que salvaguarda, en principio, el derecho fundamental de Puigdemont a ser investido president pese a que se encuentre en busca y captura, derecho que mantendría en tanto en cuanto no se encuentre inhabilitado por sentencia firme. Sin embargo, y pese a que el TC únicamente debía pronunciarse sobre si admitía o no a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra la candidatura de Puigdemont, los magistrados traspasan esa línea y ni siquiera resuelven aún si aceptan o no la demanda. Pero sí ponen condiciones a la validez de esa candidatura, para lo que, de modo preventivo, interpretan de facto el Reglamento del Parlament -que no establece el requisito exigido por el TC-, usurpando esa función a la propia Cámara, con lo que se podría entender que, presuntamente, se estaría invadiendo -como ya ocurriera con el Parlamento Vasco- la independencia del Legislativo. La decisión, en cualquier caso, aumenta la presión sobre Puigdemont y el independentismo. El president destituido debe decidir si acepta la estrechísima puerta abierta por el TC -lo que supondría su regreso y su segura detención e ingreso en prisión- o se hace a un lado. De igual modo, eleva la presión sobre el presidente del Parlament, Roger Torrent, en el caso de que Puigdemont mantenga el pulso de una investidura a distancia, ya que se arriesga a un delito de desobediencia. Pese a que el Gobierno de Rajoy y el PP se mostraron eufóricos por la resolución del TC, lo cierto es que es también un varapalo para el Ejecutivo español, empeñado en instrumentalizar a la justicia, incluido el Constitucional, para arreglar asuntos políticos. Ya el informe del Consejo de Estado desaconsejaba el recurso y, pese a todo, lo ignoró. En efecto, el TC anula la posibilidad de que Puigdemont sea investido a distancia, pero en ningún caso avala, como afirmaba el Gobierno, que alguien acusado de rebelión no pueda ser president, lo que hubiera supuesto un evidente fraude de ley.
