El brutal homicidio de un matrimonio de 87 años en Otxarkoaga, cometido apenas un mes después del de Ibon Urrengoetxea en pleno centro de Bilbao, sacude de nuevo a la sociedad y parece dar pábulo a aquellas voces que en los últimos tiempos pretenden cuestionar el nivel de seguridad en nuestras calles. Sin embargo, la monstruosidad de los crímenes, cuyas circunstancias siguen siendo investigadas, no altera la realidad de que el número de delitos en nuestra sociedad disminuye año a año. Así, los cometidos en Euskadi volvieron descender en 2017 respecto al año anterior un 0,8% y los robos con violencia entre los que se podrían encuadrar los recientes homicidios que desatan ahora la conmoción social ya habían caído un 23% (de 783 a 602) el año anterior según datos de criminalidad del Ministerio de Interior. Corroborándolo, otro informe, este de la OCDE, sitúa a Euskadi entre los países con las tasas de homicidios más bajas del planeta, con 0,5 homicidios por cada cien mil habitantes, solo por detrás de Islandia (0,3) y Japón (0,4) y por delante de países como Noruega y Austria (0,6) o Suiza (0,7). Ahora bien, la evidencia de la estadística no elude la responsabilidad pública de responder a la inquietud que crean los últimos dramáticos acontecimientos con la misma o incluso mayor eficacia -todos los homicidios cometidos en Euskadi hasta el jueves ya habían sido resueltos- que la mostrada hasta ahora e incluso de adelantarse a las nuevas formas de delito, como ya pretendía con anterioridad al doble crimen de Otxarkoaga el Ayuntamiento de Bilbao con la prevista presentación a los grupos municipales de un pacto por la seguridad abierto a sus aportaciones y con 25 medidas concretas. Pero tampoco evita la imprescindible exigencia de que se eludan las tentaciones de utilizar los últimos hechos luctuosos para cuestionar a quienes dirigen las instituciones, poniendo al tiempo en solfa la labor de protección que realizan nuestras policías; a veces por aquellos que durante mucho tiempo y asimismo por interés político no han dudado en criticar gratuita y reiteradamente su presencia y actividad. No se trata, en definitiva, de extender la duda sobre nuestra sociedad ni sobre los sistemas de protección con que se ha dotado y su control democrático, sino de impulsarlos para evitar o reducir aún más los delitos y de desarrollar el empleo de sus herramientas para su persecución en caso de que se cometan.
