La confirmación de que el Estado francés va a proceder en las próximas semanas a un traslado de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi es, sin duda, una buena noticia que significa un paso hacia la normalización y la convivencia mediante el respeto a los derechos humanos y supone una interpelación directa al Gobierno español, que sigue manteniendo una política penitenciaria cruel y propia de otros tiempos. El alejamiento de los reclusos de sus lugares de origen y de su entorno familiar y social, máxime cuando, como es el caso, tiene lugar a cárceles situadas a centenares de kilómetros, es un castigo añadido tanto para los presos como para los familiares y supone un menoscabo de sus derechos mediante una interpretación muy restrictiva de la ley, como se volvió a denunciar ayer en la multitudinaria manifestación de Bilbao. Es cierto que la situación en el Estado francés y en el español y la de los reclusos internados en cárceles de uno u otro no es exactamente la misma, pero la decisión del Ejecutivo de Emmanuel Macron es un claro toque de atención que Mariano Rajoy no puede pasar por alto. Al mismo tiempo, también marca un camino claro a los reclusos que están en prisiones españolas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este movimiento, aunque llamativo, es prudente y no significa un acercamiento masivo e indiscriminado. Al contrario, se produce después de que los presos encarcelados en Francia hayan realizado, en cumplimiento de la legalidad, las oportunas solicitudes de manera individualizada, y así serán atentidas por las autoridades galas, que procederán, en su caso, a traslados progresivos y graduales. Aunque desde algunos sectores, como los denominados Artesanos de la Paz dentro del movimiento que está organizado en Iparralde, se haya querido interpetar que esta decisión de París es fruto de un proceso de negociación más o menos directa con representantes del Estado galo, lo cierto es que la decisión del Gobierno Macron responde a múltiples criterios e intereses, que tienen que ver también con factores políticos internos. En cualquier caso, se trata de un pequeño paso en la buena dirección que con toda probabilidad ha sido como mínimo concertado con el Gobierno español. Ahora, los presos recluidos en el Estado español y el Ejecutivo de Rajoy deben seguir los mismos pasos.
