La reunión celebrada ayer en Madrid por el lehendakari Iñigo Urkullu con el cuerpo diplomático europeo, la cuarta que realiza desde 2013, dibujó ante los embajadores una realidad ya conocida, la de Euskadi, en cuanto a capacidad y objetivos que deben dar respuesta a las exigencias de la sociedad (situar el paro por debajo del 10%, reducir un 20% la tasa de pobreza y otro 20% la emisión de gases de efecto invernadero, colocarse entre los cuatro primeros países de la UE en igualdad...) y de la economía (inversión de 8.800 millones en innovación, inversión e internacionalización, elevar el peso de la industria al 25% del PIB, primer empleo para 20.000 jóvenes...); pero asimismo explicitó la certeza de que ese desarrollo socioeconómico necesita enmarcarse en un nuevo modelo de relación política, tanto con el Estado como dentro de la Unión Europea, un modelo que debe responder a las exigencias de la sociedad vasca y que, por tanto, precisa del consenso interno pero también de la capacidad de decisión de esta una vez alcanzado. No en vano, la adecuada gestión del autogobierno con que Euskadi se dotó hace casi cuatro decenios se ha demostrado como el principal diferencial a la hora de completar cotas mayores de progreso que otras sociedades de nuestro entorno, de lo que cabe deducir que un acuerdo sobre el desarrollo más amplio del mismo conllevaría sin lugar a dudas un nuevo impulso, similar al que Euskadi experimentó en la última parte del pasado siglo al acceder a su autogobierno y aun a pesar de las limitaciones impuestas. Suturar lo que Urkullu definió como “evidente desencuentro territorial y la crisis del modelo de Estado” a través de un nuevo estatus basado en la legitimidad que otorga la observancia constitucional de los derechos históricos para alcanzar un sistema de reconocimiento mutuo con garantías concretas de cumplimiento del pacto no solo debe facilitar nuevas herramientas para situar a la sociedad vasca a la altura de las más avanzadas de Europa, mostraría además un camino para incardinar las diferentes realidades nacionales en una Unión Europea superadora de las restricciones que su actual configuración como unión de Estados le confiere y capaz de recuperar el liderazgo internacional que se le supone desde los valores con que la idearon sus fundadores.