Las votaciones de los Presupuestos para 2018 en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Gasteiz, celebradas ayer en ambas instituciones, dibujan una paradoja política. No porque las mismas formaciones se alineen y sumen votos de forma diferente, ya que por tratarse de instituciones distintas, con necesidades y obligaciones dispares, demandan en cada caso y de cada partido posiciones que pueden llegar a ser o considerarse contrapuestas. Evidentemente, no es objetable que el PP, dispuesto a negociar y apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco en aras a una supuesta responsabilidad, haya decidido no hacerlo en Gasteiz. O que EH Bildu y Podemos opten por no apoyar ninguno de los dos proyectos presupuestarios. Aunque en un caso sea por simple cálculo electoral en la única institución vasca a la que pueden, quizá, aspirar y en el otro por asentar el perfil de oposición de izquierdas que ambas fuerzas se disputan; no es cuestionable la potestad de considerar los Presupuestos inapropiados o insuficientes para lo que pretenden de cada institución. Ahora bien, esa legítima posición, que de hecho es la que se exige a los partidos con representación institucional, demandaría asimismo un análisis de los déficits de las cuentas y la presentación a la ciudadanía del proyecto alternativo que los solucionara. Especialmente si la oposición a unos presupuestos conlleva la prórroga de los anteriores y condiciona, aunque sea de modo limitado como en Gasteiz, proyectos necesarios. Cuando el voto negativo en el Parlamento se fundamenta en que los Presupuestos son apoyados “por los del 155” y al tiempo se vota en Gasteiz lo mismo que el PP o cuando se razona que las Cuentas presentadas por el Gobierno aceptan “imposiciones” del PP para imponer “políticas neoliberales, antisociales y regresivas” pese a que son las que más inversión social presentan de la historia y en el Ayuntamiento gasteiztarra se evita un proyecto que no cuenta con esas “imposiciones”, sí se produce en cambio esa paradoja que, al menos mientras no ofrezca otra justificación, se antoja que antepone la conveniencia partidista al interés de la sociedad. Porque la verdadera responsabilidad de la representación institucional y política -lo mismo en Euskadi que en Gasteiz, en Catalunya o en Carabanchel- es la de desarrollar acuerdos, no la de concretar diferencias.