La aprobación por el Gobierno Vasco de la Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020 para alcanzar la cifra de 788.000 vascoparlantes y que el 75% de los menores de 25 años sea euskaldun en ese plazo sirve para confirmar que el impulso prolongado de políticas lingüísticas adecuadas y el compromiso público mantenido son el camino del éxito en la protección de lenguas como el euskera y en la inversión de su proceso de minorización. Para ello, sin embargo, se precisa de un marco normativo adecuado -como el que en nuestro caso ha ofrecido el Estatuto de Gernika- a todos los niveles y de ahí la demanda a las instituciones europeas de una legislación vinculante que proteja los derechos de los más de 50 millones de ciudadanos que pertenecen a alguna de las más de 60 minorías lingüísticas de la UE, demanda que incluye la recogida de un millón de firmas en siete estados miembro a través de la campaña Minority SafePack, impulsada aquí por el PNV. Surge de la constatación de la limitada eficacia de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias (1992) y del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995) para proteger y mejorar la situación de las minorías nacionales y las lenguas minorizadas. También tras comprobar la insuficiente diligencia de las instituciones más de cuatro años después de que en 2013 la Eurocámara aprobara -con 645 votos a favor y 26 en contra- el informe presentado por el corso François Alfonsi, que ya recomendaba para las lenguas minorizadas un adecuado estatus jurídico, el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus hablantes y la salvaguarda de las mismas por los poderes públicos. Todo ello debía haber sido ya consecuencia de una lectura adecuada a la protección de los derechos de las minorías del art. 3 del Tratado de la Unión Europea que indica que la UE “respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística...” y por supuesto de una aplicación efectiva de la Carta Europea. Sin embargo, ni el Tratado ha tenido esa interpretación ni la Carta posee fuerza jurídica suficiente. Ambas adolecen del principal defecto que afecta a la UE, toda vez que cultura y lengua se entienden como elementos identitarios por los estados miembros y solo una legislación nítida que vincule a estos podrá garantizar a las minorías la capacidad de participar y contribuir en la cohesión de Europa desde su propia identidad lingüística y cultural.