El informe final del Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco 1960-2014 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología bajo la dirección del forense Francisco Etxeberria y por encargo del Gobierno Vasco, que fue presentado ayer, tiene una doble virtualidad. Por un lado, la de describir una realidad, la de la tortura, que durante décadas fue tan cruda y extendida como negada, ofreciendo el reconocimiento y por tanto posibilidades para el resarcimiento de las víctimas que la padecieron; por otro, la de contribuir a la concienciación imprescindible para erradicar los malos tratos, incluso en sus expresiones menos dramáticas. Así, la recapitulación de casos (4.113, con 3.415 víctimas dado que algunas lo sufrieron dos o más veces), debe entenderse por todas las partes, tanto por quienes se consideran a sí mismo víctimas como por quienes se sienten interpelados por sus responsabilidades políticas e institucionales en determinados momentos, como contribución al fortalecimiento de una democracia plena de derechos y no tanto como una pretensión de exigencia de responsabilidades que, en todo caso, deberán dirimirse en otro ámbito, el judicial, en cumplimiento de la legalidad internacional a la que el mismo Estado español se ha obligado en razón de sus acuerdos internacionales -Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (1977), Convenio Europeo para la Protección de los DDHH y las libertades fundamentales (1979) y Convenio contra la tortura (1987) y su protocolo (2006)- y de un derecho internacional que obliga a la reparación incluso sin identificar a los culpables y avala la Ley vasca de Abusos Policiales, hoy suspendida cautelarmente por el TC tras rechazar este el recurso del Gobierno Vasco. Porque aun si en el devenir histórico de la realidad de la tortura y los malos tratos que analiza el informe se comprueba un evidente impulso de represión política que está en el trasfondo de la negativa del Estado a reconocer e investigarlos, tal y como ha sentenciado hasta en siete ocasiones el Tribunal Europeo de DDHH y como se demuestra con los 27 indultos a agentes implicados; aun sin ese componente político las denuncias siguen presentes: 259 en 2016, 147 de inmigrantes y 50 de presos, según la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. El informe, en resumen, llama a admitir el pasado para no condenarse a repetirlo.
