La primera sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros veinte ex altos cargos de sus gobiernos sienta en el banquillo a la plana mayor del socialismo andaluz en las últimas tres décadas, incluyendo a dos presidentes del PSOE y a su vez ministros relevantes del Gobierno del Estado, pero también juzga un modo de entender el ejercicio de la política que ha venido supeditando el desempeño institucional y la hacienda pública tanto a los intereses personales como a los de partido. De hecho, la acusación de delitos continuados de prevaricación y malversación por la concesión de ayudas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, que la Fiscalía cifra en un total de 741 millones de euros y por los que solicita 10 años de prisión para Chaves y seis para Griñán, presupone una gravísima desviación de los fondos que debían destinarse al fomento del empleo en la Comunidad Autónoma más afectada por el paro hacia prejubilaciones fraudulentas, subvenciones inadecuadas a empresas y personas y comisiones desorbitadas a quienes las tramitaban, en el fondo de las cuales subyacerían tanto casos de enriquecimiento personal como procedimientos para la financiación -ilegal- de las actividades del socialismo andaluz. La extensión del escándalo de los ERE en el entramado institucional, político y sindical de Andalucía así como el volumen de dinero público defraudado según la Fiscalía convierten así el juicio en el segundo por relevancia contra la corrupción política en el Estado tras la trama Gürtel que afecta al Partido Popular, lo que como en ese caso exige una actuación de la justicia mucho más nítida y eficaz que la que ha necesitado de siete años de instrucción para dar inicio al juicio oral, ha apartado a la juez que inició la investigación o compartimentado una causa que, en realidad, afecta a más de doscientos investigados. Y, por supuesto, precisa además de la depuración de las responsabilidades penales que se deriven del juicio, la de las responsabilidades políticas que también en este caso sobrepasan las dimisiones en su momento de Chaves y Griñán, por cuanto de ello depende la regeneración de la política que la sociedad demanda.
