La jornada de huelga convocada ayer por ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT en el sector de la educación pública no universitaria vasca merece un análisis mucho más profundo que el de la disparidad de cifras respecto a su seguimiento, en todo caso mayoritario e importante. No en vano, el paro forma parte de una dinámica continuada que la mayoría sindical viene convocando en el sector educativo al tiempo que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco trata de implementar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza, también la valoración que de la misma han realizado en los últimos meses distintos informes comparativos a nivel estatal e internacional. Es cierto que precisamente dichos informes animan a analizar las necesidades de mejora del sistema educativo que también plantean los profesionales del sector, pero no lo es menos que dicho análisis se ha venido realizando en los últimos meses con la participación efectiva de los agentes implicados y que del mismo se derivan medidas encaminadas a paliarlas. Así, las demandas de incremento de la inversión, plantillas y recursos, de reducción de la temporalidad y del número de alumnos por aula, así como el fin de los recortes aplicados en salarios, sustituciones y bajas que los sindicatos sitúan en el origen de la huelga no pueden obviar que el Departamento de Educación ya ha planteado alternativas de mejora y que es el segundo -tras Salud- más dotado en los presupuestos, con incrementos anuales desde 2013; o que para 2018 contará con 2.717 millones (+1,9%), uno de cada cinco euros de las cuentas del Gobierno Vasco; o que la enseñanza engloba nada menos que el 40% de la oferta de empleo público (5.000 de 13.500) prevista para la actual legislatura cuando los 30.000 empleos de la educación pública suponen casi una cuarta parte del empleo público en Euskadi. Tampoco que la enseñanza pública no universitaria es, en gran parte, destinataria de esos incrementos presupuestarios (+3,1%, hasta 956,7 millones para Infantil y Primaria y +0,9% y 967,6 millones para FP y Secundaria). Quiere esto decir que las demandas sindicales y el planteamiento de Educación no son realidades irreconciliables, aunque pretensiones y posibilidades estén distantes. Y es preciso tenerlo en cuenta para no hacer herramienta de confrontación de un sistema educativo vasco que seguramente necesita completar la mejora de su diseño.
