La multitudinaria manifestación celebrada ayer en la capital de Europa, Bruselas, convocada por el independentismo catalán supone un hito incuestionable en la estrategia de internacionalización del proceso soberanista y, en concreto, de la exigencia del derecho a decidir y supone un llamamiento clave a la UE -sus ciudadanos y sus instituciones- para que se implique en la resolución de un conflicto que nunca debió serle ajeno. El asunto catalán, sobre todo en los últimos meses, ha estado presente en la realidad cotidiana de los países que componen Europa, cuyos habitantes, medios de comunicación y organizaciones políticas y sociales han asistido atónitos a lo que ocurría dentro de un Estado miembro en el que se impedía por la fuerza el derecho al voto. Era y es habitual y recurrente la pregunta por parte de ciudadanos europeos que visitan el Estado o viceversa sobre qué está ocurriendo en Catalunya. La presencia del president legítimo, destituido por Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155, en Bruselas -más allá de las interpretaciones sobre este hecho- y las decisiones de la justicia belga al respecto han puesto el foco internacional en el procés, pero con un déficit importante: las instituciones europeas, fieles al conservadurismo y al pavor a cualquier cambio del statu quo, se han aliado, con mayor o menor entusiasmo, con el Gobierno español y han evitado cualquier implicación en el asunto, dejando huérfanos de protección democrática a centenares de miles de ciudadanos europeos catalanes que exigen su derecho a decidir de forma democrática. Es lo que les recordaron ayer a Jean Claude Juncker y a la UE las cerca de 50.000 personas que se manifestaron en el corazón del viejo continente bajo el lema Europa, despierta. Las instituciones de la Unión no pueden seguir haciendo oídos sordos a esta reivindicación y deben implicarse de manera directa en la resolución del problema, que necesariamente pasa por la celebración de un referéndum legal y acordado y bajo una directiva de claridad, tal y como plantea el lehendakari, Iñigo Urkullu, para las comunidades políticas o naciones sin estado. El indudable éxito de la manifestación de ayer y su repercusión internacional deben dar paso, tras las elecciones del próximo 21-D, a una intervención de la UE, con un plan democrático que trascienda a Catalunya y suponga una profundización democrática de Europa.