El día después del 1-O ha servido, de momento, para constatar que Mariano Rajoy ha quedado señalado ante la opinión pública internacional por su proceder autoritario e indigno de una democracia. A través de la traslación de lo sucedido por los medios de comunicación foráneos, en evidente contraste con la parcialidad de la absoluta mayoría de medios de comunicación españoles, no solo los públicos, pero también por el análisis de lo sucedido que realiza la clase política mundial. Basta apuntar que la misma Comisión Europea, por boca de su portavoz, Margaritis Schinas, advertía ayer de que “la violencia nunca puede ser instrumento en política” en alusión a lo sucedido en Catalunya, donde solo Guardia Civil y Policía tuvieron comportamientos desproporcionadamente violentos. Así, incidir a continuación en la represión del soberanismo, sea a través de una restricción del autogobierno mediante la aplicación del art. 155 de la Constitución, explícita o no, sea con medidas judiciales punitivas contra impulsores del 1-O, únicamente incidirá en el error y aumentará el descrédito internacional y la distancia con la sociedad catalana además de impedir un diálogo que el Estado ha eludido hasta ahora pero que resulta imprescindible si se pretende una solución acordada... para la que, sin embargo, Mariano Rajoy se antoja inhabilitado. Pero, al mismo tiempo, la audacia de desarrollar el referéndum del 1-O, que pese a lo que diga el presidente español sí se produjo y en términos y dimensiones que él no calculó adecuadamente, posee asimismo otra lectura que tampoco deben ignorar el president Carles Puigdemont y quienes le otorgan un apoyo suficiente en el Parlament: la amplia mayoría registrada en el referéndum a favor de la independencia, que ciertamente refuerza su posición, no evita que las cuestionables condiciones de su convocatoria y la respuesta contrademocrática del Gobierno español abocaran a unos límites de participación y una precariedad de medios que condicionan la consideración de sus resultados por la misma opinión pública internacional que tilda de ilegítima la represión. Por ello, una Declaración Unilateral de Independencia apoyada en las leyes aprobadas por el Parlament en la periferia de su propio Reglamento, requiere consolidar aún más la legitimación de las reclamaciones catalanas mediante un ejercicio de diálogo y máxima prudencia.
