A punto de cumplirse los 38 años de su aprobación en referéndum por la sociedad vasca en octubre de 1979 y de su ratificación como Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, toda discusión sobre la tranferencia de alguna de las competencias que el Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi desde entonces solo puede entenderse como un flagrante incumplimiento de la legalidad, precisamente por aquéllos que se pretenden estrictos protectores de la misma. También consecuencia de la oposición del Estado, a través de sus diferentes poderes, a permitir que Euskadi alcance el autogobierno aprobado entonces, una oposición reflejada asimismo en la continuada labor recentralizadora que desde la aprobación de la Loapa en 1982 se esfuerza en limitar el alcance de algunas de las competencias transferidas. Que aún hoy, casi 38 años después, haya una treintena de materias pendientes de transferir o sin ejecutar plenamente resume una realidad: a lo largo de casi once legislaturas y con seis presidentes, el Estado se ha resistido a cumplir con una ley orgánica incluida en el denominado “bloque constitucional” y emanada de los acuerdos multilaterales que permitieron en el Estado la transición hacia la democracia al final de los años 70 del siglo XX. Y en esa situación se enmarca también la resistencia del Gobierno Rajoy a transferir las instituciones penitenciarias (art. 10.14 del Estatuto de Gernika) o la gestión económica de la Seguridad Social que daría cumplimiento al art.18.2.b, donde se afirma textualmente que “corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Así, esgrimir decisiones derivadas de una extemporánea política antiterrorista en materia de prisiones o apelar, respecto a la Seguridad Social, al concepto de caja única añadido después por el Tribunal Constitucional, que mezcla y confunde el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social -que su gestión por Euskadi no pone en duda- con el principio de solidaridad que, en todo caso, ni siquiera la asunción completa de la competencia tiene por qué quebrar; es construir pretendidas justificaciones al incumplimiento de la ley. Y si se ignora, como ahora el PP, esa reclamación del cumplimiento de la legalidad 38 años después o se afirma que ésta entorpece el clima de entendimiento, se entra en un absoluto despropósito definidor de la confianza que se puede otorgar al mismo.