El contundente triunfo en las legislativas francesas de La République en Marche, el partido formado en torno al liderazgo del presidente Emmanuel Macron, permite al Gobierno del primer ministro Edouard Philippe ejercer con una cómoda mayoría absoluta de 350 diputados de los 577 de la Asamblea Nacional. Además, ha sido saludado desde la Unión Europea como una oportunidad para que Francia lleve a cabo las reformas necesarias y estas tengan reflejo en la construcción de la UE. Sin embargo, conviene matizar la innegable legitimidad de la victoria del partido de Macron con la realidad social y política del Estado francés; el horizonte de esas reformas incluidas en el programa con que Macron se presentó a las presidenciales con la posibilidad cierta de llevarlas a cabo a un tiempo; y finalmente la interrelación de esa realidad social y política y de esa previsible dificultad para cumplir con el programa. Las dimisiones de dos de sus todavía recientes ministros, forzadas por investigaciones que riñen con la transparencia anunciada por Macron, son más que un síntoma. No en vano, las legislativas francesas han dejado otra mayoría absoluta, la abstención, que ha rozado el 58%, un histórico de la V República: 25 millones de votantes no participaron frente a 22 millones que sí lo hicieron y, de estos, más de medio millón lo hicieron en blanco o nulo. Una mayoría que de entenderse crítica hacia lo que representa Macron y en la que no son parte menor quienes en anteriores citas con las urnas respaldaron opciones consideradas un riesgo para el sistema. Podría decirse, por tanto, que la política francesa -y la europea- no ha logrado sino poner ese riesgo en cuarentena. Para solventarlo del todo hará falta que Macron y Philippe no imiten a Nicolas Sarkozy, quien tras obtener la mayoría olvidó sus promesas, y logren compaginar una reducción de la que es una de las presiones fiscales más elevadas de Europa, mediante rebajas en las cotizaciones empresariales o en impuestos esenciales como el de vivienda, con una disminución de 60.000 millones de gasto público; la transformación del subsidio de desempleo con la puesta en práctica de un marco de relaciones laborales más flexible; una reforma del sistema de pensiones con el mantenimiento de la edad de jubilación y las prestaciones... y añadir a todo eso 50.000 millones para invertir en innovación. Ciertamente, se antoja mucho más difícil que obtener mayoría absoluta.