El pavoroso incendio que devoró la Greenfell Tower, en el barrio londinense de Nothing Hill, norte de Kensington, cuyo balance de víctimas podría superar ampliamente los doce muertos y 74 heridos, veinte en estado crítico, contabilizados ayer por las autoridades británicas, ha sido utilizado en algún caso para cuestionar el desarrollo urbano y la arquitectura vertical como solución a la escasez de suelo y por tanto de vivienda en las ciudades, especialmente en las grandes urbes. Las aterradoras imágenes del incendio del edificio de 27 plantas y 120 apartamentos -algunos de protección oficial- en el que residían en torno a 500 personas y sus previsibles fatales consecuencias, sin embargo, no deben llevar a equívocos a la hora de situar la responsabilidad, mucho menos cuando aún no se ha determinado ni el foco ni el origen de las llamas. Sin poner en duda que los edificios de gran altura suponen dificultades y riesgos añadidos en la evacuación y especialmente para la actuación de los bomberos en caso de incendio, cabe constatar sin embargo que en el caso de la Greenfell Tower fue precisamente la rápida, profesional y segura actuación de más de 200 bomberos la que logró salvar a buena parte de los vecinos del inmueble. No se trata por lo tanto, al menos en este caso, de un problema derivado del diseño vertical del edificio, construido en 1974, sino posiblemente de otras carencias del mismo que ya habían sido denunciadas por sus inquilinos antes y después de su remodelación en 2016 con un coste de 8,9 millones de libras. Por ello, lo que la tragedia del rascacielos de Kensington debe plantear, en todo caso, no es el rechazo de una solución urbanística utilizada a nivel global -otra cosa sería el replanteamiento de la necesidad socioeconómica de las grandes aglomeraciones urbanas- sino la demanda de extremar la exigencia de todas las medidas de seguridad necesarias en este tipo de arquitectura y, por supuesto, el control público exhaustivo del funcionamiento, revisión y actualización de las mismas y de los planes de evacuación de los edificios, así como del cumplimiento previo de las normativas de edificación y habitabilidad. Porque desviar toda esa responsabilidad al ámbito privado, ya sea al de los propios inquilinos o al de las empresas de gestión y seguridad es, simplemente, jugar con fuego.
