La formalización ayer del acuerdo sobre el Cupo, alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado, por la Comisión Mixta del Concierto Económico, órgano que en virtud del artículo 41.2.e del Estatuto de Gernika es el único competente para, por unanimidad, determinar la liquidación y actualización del mismo, supone en primer lugar resolver un conflicto mantenido durante una década y, en consecuencia, lograr una estabilidad fiscal para el próximo lustro, esencial para el desarrollo de nuestro país. No en vano el acuerdo cierra otro capítulo de la litigiosidad que el Estado ha venido planteando a la especial relación tributaria con Euskadi y que siempre ha sido superada en coincidencia con una situación de debilidad del Gobierno español, ya fuese en enero de 2000 con la llamada Paz Fiscal firmada con el Gobierno Aznar o en diciembre de 2010 con la consecución del denominado Blindaje del Concierto acordado con Zapatero. Pero, además y sobre todo, el acuerdo sobre el Cupo es la ratificación de un sistema bilateral de relación entre Euskadi, con su sistema foral, y el Estado frente a quienes han venido cuestionando el Concierto Económico por ignorancia de su realidad, del riesgo que comporta su gestión, así como de su inclusión entre los derechos históricos que corresponden a la sociedad vasca y que se contemplan en la Disposición Adicional Primera de la Constitución de 1978. Más aún, dicha ratificación lleva implícito un reconocimiento incluso más amplio de la bilateralidad de la relación entre Euskadi y el Estado en cuanto que la foralidad, y por tanto el derecho que emana de esta, sobrepasa el ámbito tributario y cuenta por su carácter histórico con idéntica protección constitucional. En otras palabras, la actualización de los nexos financieros y económicos de Euskadi con el Estado español, toda vez que la peculiaridad foral ha sido asumida como una realidad por la Unión Europea pese a la larga desidia mantenida por el Estado en la defensa de la misma ante las instituciones comunitarias, no solo dota a nuestro país de estabilidad financiera, sino que contribuye a la comprensión general de la viabilidad de una relación bilateral por la que, con fundamento en los derechos históricos, la sociedad vasca pueda replantear, para reforzarlo, el actual marco de su autogobierno.
