El acuerdo alcanzado por el PNV en Madrid sobre la liquidación del Cupo pendiente desde 2007 y el que deberá pagar Euskadi al Estado en el próximo quinquenio como parte de las negociaciones sobre el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presenta el Gobierno presidido por Mariano Rajoy únicamente puede y debe calificarse de excelente para la sociedad vasca. No solo supone recuperar 1.400 millones, que Euskadi descontará del Cupo correspondiente durante los próximos cinco años, una cantidad muy cercana al cálculo del Gobierno Vasco sobre la liquidación de la última década y muy por debajo de lo que los PGE habían venido marcando, sino que además rebaja para los próximos años hasta los 956 millones anuales la pretensión del Gobierno del Estado, que en 2016 reflejó nada menos que 569 millones más en los presupuestos e incluso planteaba en el proyecto de cuentas de este ejercicio 246 millones más. Es decir, una vez aprobadas dichas condiciones por la Comisión Mixta del Concierto, Euskadi cobrará más por las liquidaciones pasadas de lo que pretendía el Gobierno Rajoy (también el anterior presidido por Rodríguez Zapatero) y pagará hasta 2022 por el Cupo mucho menos de lo pretendido por Madrid. Si además el acuerdo sobre los PGE engloba, entre otros, pactos y plazos respecto a inversiones (variante sur, Y vasca...), retirada de recursos a legislación emanada del Parlamento Vasco, cumplimiento de transferencias competenciales pendientes y condiciones respecto a los costes de la energía para la industria vasca; solo cabe concluir que, una vez más, la necesidad en el Gobierno del Estado ha sido aprovechada por el PNV en un acuerdo histórico en cuanto a la obtención de condiciones objetivamente beneficiosas para nuestro país. Ahora bien, dicha conclusión no impide mantener que el propio acuerdo lleva implícita una denuncia de la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos del Estado con la legalidad estatutaria y el régimen foral que protege la propia Constitución, hasta el punto de cuestionar el instrumento jurídico que regula las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y Euskadi. Y ello otorga aún más razones a la exigencia de una relación bilateral con salvaguardas frente a posturas arbitrarias que inclinan la balanza y solo pretenden limitar las capacidades de desarrollo económico, social y también político de la sociedad vasca.
