Los Veintisiete quisieron dejar claro el pasado sábado que el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, tiene “un precio”, como textual y significativamente expresó el presidente francés, François Hollande. El documento aprobado en la cumbre extraordinaria de los Veintisiete -con una celeridad, unidad de criterios, contundencia y claridad inusitadas, características que deberían pasar a formar parte del quehacer habitual de la Unión en asuntos trascendentes- fija las orientaciones de cara a la futura negociación con Londres sobre su salida de la UE, establece los criterios a cumplir de manera estricta y dibuja las líneas rojas que los Estados miembros no están dispuestos a traspasar. No se conocía tanta firmeza en la toma de posición de Europa, prueba de que a los socios les ha escocido la decisión de los británicos de abandonar su seno y de que, por ello, no están dispuestos a que cunda el ejemplo, sobre todo ante el riesgo cierto de que otros países opten por el mismo camino, lo que supondría de hecho la destrucción de la UE. El caso más claro es el de Francia, donde la candidata de la ultraderecha a las presidenciales, Marine Le Pen -ya en la segunda vuelta- ha planteado la necesidad de que su país abandone también la Unión, aunque en los últimos días haya matizado su mensaje. La posición europea respecto al Brexit ha sido la de exhibir fuerza y unión. Así, ha dejado claro que el Reino Unido deberá “pagar la factura” de su arriesgada decisión, lo que se deberá concretar en las posteriores negociaciones que tendrán lugar una vez que se celebren las elecciones convocadas por la primera ministra, Theresa May, para el próximo 8 de junio. Pero además de la parte meramente económica -de vital importancia, en cualquier caso-, hay otros aspectos que también figuran en las directrices aprobadas el sábado y que a buen seguro dificultarán el proceso. La más importante y complicada será la que tiene que ver con las garantías para los ciudadanos europeos que residen y trabajan en el Reino Unido, que pueden convertirse en rehenes de la negociación. Asimismo, Escocia -que demanda un referéndum de independencia- e Irlanda -con la posibilidad apuntada de una reunificación mediante la que quedaría dentro de la UE- y Gibraltar, aunque con distinta intensidad, configuran escollos para los que Londres deberá, sin duda, pagar un precio.