La declaración judicial de Esperanza Aguirre apuntando que imputados en la trama Gürtel mantenían relaciones “con el PP nacional”; las denuncias de interferencia en la investigación del fiscal anticorrupción, Manuel Moix; o el registro por la Guardia Civil de empresas de la dimensión de OHL e Indra en el marco de la operación Lezo anuncian que lo que se inició en torno al PP de Madrid y a su ex secretario general y expresidente madrileño, Ignacio González, se extiende hacia los primeros niveles del partido que preside Mariano Rajoy. No es casualidad que Esperanza Aguirre, hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid pero nada disimulada crítica de Rajoy desde antes de perder con él la pugna por la presidencia del partido, eleve al PP “nacional” las relaciones de los imputados en la mayor trama de corrupción de la historia de una formación política. Aguirre teme que tras la imputación de sus colaboradores, Francisco Granados e Ignacio González, ella sea el cortafuegos de lo que, en todo caso, sabe que se ha extendido mucho más allá de sus responsabilidades. Además, tras las grabaciones entre Ignacio González y el exministro Zaplana respecto al nuevo fiscal anticorrupción, nombrado en febrero, y su afinidad al PP, la constatación de que los fiscales que desarrollaban la investigación tuvieron que recurrir a la Junta de Fiscales para evitar que la interferencia de aquél limitara las actuaciones contra la trama así como la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda, por coacción en el intento de detener esas actuaciones; parecen desvelar esfuerzos demasiado notorios para que la amenaza se ciñera otra vez a una agrupación territorial del PP, aun siendo Madrid, y a aquel a quien Rajoy ya había apartado para situar a Cristina Cifuentes. Como también parece más que lógico que los registros en busca de supuestas aportaciones irregulares en empresas como OHL (4.369 millones en ventas en diez años, 26.000 empleados en 30 países) e Indra (2.700 millones anuales en ventas, con 34.000 empleados en 240 países, con participación mayoritaria de la SEPI), ambas con relevantes contratos con la administración, se relacionarían a priori más con una financiación irregular del PP que con el enriquecimiento ilícito de los barones de una -o más- delegación del partido.