La entrega por el embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la carta de la premier británica, Theresa May, en la que ésta solicita formalmente la aplicación del artículo 50 del Tratado de Lisboa dando inicio a la negociación para la salida del Reino Unido de la UE es prácticamente la única certeza respecto a un proceso, el Brexit, que el Gobierno de Londres impulsa obligado por el resultado del referéndum del 23 de junio pero con demasiadas incertidumbres sobre sus consecuencias. Las mismas palabras de Theresa May justificándolo no hacen sino abonar las dudas: ¿es posible dejar las instituciones europeas sin abandonar Europa? ¿Es factible acordar un tratado de libre comercio y una nueva relación entre Reino Unido y la UE sin determinar el fin de la que han mantenido, bien es cierto que a regañadientes de los británicos, durante 44 años? Difícilmente. Tanto como que el Brexit no tenga consecuencias para los 3,3 millones de ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido -y para sus empleadores- o para los 1.200.000 británicos con residencia en la UE. O como que Gran Bretaña no padezca las de una factura que Jean Claude Juncker ya esbozó en torno a los 60.000 millones de euros a pagar por Londres. O que no sufra la ralentización económica inherente a su salida de la UE, que el propio Gobierno May calcula en un crecimiento menor (2,4%, 142.000 millones) en los próximos cinco años. O que soporte sin traumas la incidencia directa de la salida de Europa en el proceso soberanista escocés, cuyo replanteamiento es democráticamente tan incuestionable como la justificación por Londres del Brexit en el cumplimiento del mandato del referéndum de junio. O que logre detener el crecimiento republicano en una Irlanda del Norte que teme volver a verse separada de la República de Irlanda por una frontera (de hecho, ese problema se cita textualmente en la carta de May). Todo ello sin olvidar que el acuerdo debe cerrarse en dos años, que una prórroga debe contar con el acuerdo unánime de los otros 27 miembros de la Unión Europea... y que puede darse hasta un veto al mismo en el Parlamento Europeo que, por cierto, afrontará en dos años (mayo de 2019) sus próximas elecciones.
