La constitución en el Parlamento Vasco de la Ponencia de Memoria y Convivencia en Euskadi con la ausencia del Partido Popular, impertérrito en su decisión de no participar en la misma por considerar a EH Bildu, que sí participa, incapaz de sumarse a una deslegitimación del terrorismo, planta al PP -que el próximo día 18 celebra su congreso en el País Vasco con Alfonso Alonso como candidato único a su presidencia- ante la reflexión sobre el papel que pretende desempeñar en adelante en la política vasca. Así, la disposición que por boca de sus principales dirigentes expresa el PP del País Vasco a negociar un acuerdo presupuestario, siquiera bajo el pretexto de evitar en las Cuentas “la deriva de la extrema izquierda” en alusión a los planteamientos de EH Bildu y Podemos en materia presupuestaria, en lo que afirma un pretendido ejercicio responsable para dotar de estabilidad al país, contrasta sobremanera con la cerril resistencia a participar en el foro parlamentario del que deben salir las decisiones para alcanzar una normalización política crucial para dotar a la sociedad vasca de ese mismo carácter estable. No, no se trata de mezclar churras con merinas, sino de que el Partido Popular debe optar entre desarrollar una actitud proactiva en la política vasca, es decir, por sumarse a la intención tanto del resto de formaciones como de la sociedad en general de procurar la solución de los principales problemas que nos afectan o, en su defecto, decide mantener la inmovilidad respecto a los problemas que personaliza perfectamente su presidente estatal, Mariano Rajoy, y sujetarse en torno a posiciones políticas numantinas que no responden ni a la actualidad de Euskadi ni a la realidad que Euskadi precisa. Y esa elección vale tanto para la búsqueda de un acuerdo presupuestario como para la participación en una ponencia que, si bien puede plantear las mismas premisas éticas que se pusieron sobre la mesa en aquella primera versión de 2012, hace ya cinco años, refleja asimismo una nueva realidad político-social, ciertamente evolucionada desde entonces, con nuevos agentes; también para determinar si la posición restrictiva del autogobierno vasco que ha mantenido durante décadas es capaz o no de modificarse para participar en la labor institucional de dar respuesta a las demandas de la sociedad.