Las instituciones representativas y la propia sociedad navarra celebraron ayer, con varias décadas de retraso, un merecido y necesario acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de la ultraderecha y de la violencia parapolicial y de la guerra sucia ejercidos a lo largo de los últimos años. El acto, encabezado por la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y al que acudieron representantes de todos los partidos a excepción de UPN y PP, así como numerosos representantes de la sociedad navarra y ciudadanos anónimos, ha estado precedido en los últimos días por una polémica tan absurda como inútil y demagógica, dirigida, una vez más, a desgastar al ejecutivo del cambio en Navarra aun a costa del insultante agravio que supone para las personas que han padecido una violencia ilegal e injusta, agravada por el silencio, la complicidad o el olvido oficial. El acto celebrado ayer cumple con la ley foral de 2015 y da cobertura institucional a la moción aprobada el pasado 14 de septiembre por el Parlamento navarro con el voto de todas las formaciones políticas excepto el PP. Es decir, que contó también con el apoyo de UPN, pese a que ahora se ha desmarcado de aquella posición en un discurso seguidista de la discriminación entre víctimas de primera y de segunda que abanderan los populares. También en la CAV, donde el Gobierno Vasco ya desarrolla el reconocimiento y reparación de los damnificados por todo tipo de violencia. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no reconocer también el terrorismo ultra y de grupos parapoliciales, la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales supone un intento de discriminación y de obviar parte del sufrimiento generado por la violencia. En los últimos años, las víctimas de ETA han alcanzado el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico. Y aunque quienes hayan vivido de forma directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser suficientemente resarcidos, el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso es también importante la asunción institucional de esta realidad y el rechazo y la deslegitimación social de la violencia.
