Los intentos del PP por ignorar o apartar de su XVIII Congreso Nacional, que arrancó en la tarde de ayer en Madrid, la sentencia condenatoria del primer juicio por la trama Gürtel, hecha pública también ayer, evidencian que la apertura y renovación que en dicho congreso pretende representar el partido presidido por Mariano Rajoy no incluyen la admisión, el rechazo ni las disculpas por los gravísimos episodios de corrupción en que se ha visto envuelto el Partido Popular. Y si difícilmente puede considerarse con seriedad una renovación en la formación de la derecha española cuando se reelegirá en el cargo a quien la ha liderado en los últimos trece años y ha formado parte de su ejecutiva durante veintisiete, cuando apenas se esperan variaciones relevantes en la directiva, hacerlo se torna imposible si el PP sigue eludiendo la asunción de responsabilidades en los reiterados casos de corrupción que le afectan y señalan. Porque le afectan y le señalan. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, entre una decena larga de condenados, incluida la exconsellera de Turismo del Gobierno de Valencia, del PP, Milagrosa Martínez, recibieron ayer una sentencia de 13 años de prisión en el caso Fitur de la trama Gürtel por tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos, todos ellos delitos cometidos en relación con la administración a cargo de políticos del PP. Y esa misma trama, que se relaciona también con el extesorero del partido, Luis Bárcenas, tiene pendiente otra causa por la financiación ilegal del Partido Popular que incluye admisiones firmadas por empresarios de pagos ilegales al partido y en cuyo escrito de acusaciones el juez De la Mata sostiene que a través de ella se financiaron 26 actos de la campaña electoral de Mariano Rajoy en 2008. Sin olvidar que el epicentro de las corruptelas del partido, Valencia, fue el lugar en que se desarrolló aquel mismo 2008 su XVI Congreso, en el que el apoyo del PP valenciano presidido por Francisco Camps fue esencial en la reelección de Rajoy frente a quienes pretendían que Esperanza Aguirre le sustituyera. El PP no puede pretender ignorar y que se ignore todo ello en virtud de los votos que recibe y con un relato que se limita al “la justicia funciona” y el “quien la hace la paga”. Ni puede ni debe esquinar las responsabilidades que, como formación, debe asumir por destruir gran parte de la relación de confianza entre la sociedad y sus representantes.
