Desde que la aprobación de la Constitución pretendió conformar el certificado de finalización de la dictadura franquista hasta que el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, o Ley de Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, las víctimas del franquismo soportaron 29 años de impunidad de sus victimarios. Y desde la aprobación de la ley, al final de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, se han sucedido aún otros 9 años de incumplimiento e incluso, como denunció ayer mismo de nuevo Amnistía Internacional, de impedimentos y bloqueos a la investigación de los crímenes franquistas. En esta situación, que el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, no tenga reparo alguno en afirmar ante el Pleno del Congreso que la Ley de Memoria Histórica se cumple, cuando el Gobierno ni siquiera aprueba dotación económica alguna que permita llevar a cabo lo que esa ley contempla, no solo se inserta en la categoría de falsedad, sino que añade impunidad a la impunidad, incumplimientos a los bloqueos e impedimentos, tan evidentes como las trabas a las tomas de declaración en la causa abierta por la juez argentina María Servini por los crímenes de la dictadura. Y lo hace cuando decenas de miles de familias tratan aún de recuperar los restos de las víctimas de aquella inhumana represión que hizo del Estado español el segundo país del mundo en número de desapariciones , sólo superado por Camboya. ¿De qué sirve entonces la ley? ¿Y a qué cumplimiento de la legalidad puede apelar quien ha ignorado y tratado de minimizar, hace bien poco, en su ordenamiento jurídico el principio de justicia universal? ¿Qué pretensión de respeto por la justicia puede esgrimir quien pretende prescritos, a través del criterio de la Fiscalía, dependiente del Gobierno, crímenes de lesa humanidad imprescriptibles por definición del Estatuto de Roma, ratificado por España y en vigor desde julio de 2002, hace 14 años? Mantener, 38 años después de aceptar en herencia el Estado creado a base de terror y represión, esa resistencia a la justicia, la verdad y la reparación solo lleva a confirmar como atribuible al Gobierno de Rajoy, al PP, a la derecha española, todavía hoy, su vergonzante relación genealógica con el franquismo.