Cuando en Euskadi la patronal y las centrales sindicales tratan, no sin dificultades, de hallar una vía para el diálogo social y la protección del marco vasco en lo relativo a la negociación colectiva, algunas organizaciones empresariales del Estado parecen muy alejadas de la preocupación por la responsabilidad social que se supone a las empresas al menos en el relato de sus pretensiones y prioridades en materia fiscal y laboral. Así, que el Círculo de Empresarios proponga, por boca de su presidente, Javier Vega de Seoane, una reforma de la fiscalidad que contemple una revisión (incremento) del IVA y una ampliación de las bases imponibles del IRPF al tiempo que solicita una rebaja de las cotizaciones sociales y un único tipo más reducido (en torno al 20%) del Impuesto de Sociedades es tanto como dudar de la inteligencia del ciudadano. Porque viene a decir que sea éste quien equilibre, respondiendo a una mayor presión impositiva sobre su consumo y salario (IVA e IRPF), el hecho de que las empresas deban pagar menos (lo que quizás sea cierto) para poder crear riqueza. Con el añadido de que los empresarios supeditan cualquier mejora salarial al incremento de la productividad y consideran “negativo” para la creación de empleo un posible incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Pero Seoane y su organización no son los únicos en pretender un hábitat favorable a sus intereses aún a costa de los de la mayoría social. Ahí está la petición de la directora de relaciones laborales de la patronal de la pequeña y mediana empresa-Cepyme-, Teresa Díaz de Terán, de un adelanto en la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011, que suponía ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma que llegará a los 67 años en 2027, y de un aumento del tiempo cotizado para el cálculo de la pensión con el fin de rebajar las cotizaciones a las empresas, de “reordenar la responsabilidad de las pensiones” y la financiación de la Seguridad Social. En otras palabras, el trabajador debe cobrar lo mismo y pagar más, además de prolongar su vida laboral -lo que incide en una peor empleabilidad de las nuevas generaciones- para asegurar su pensión mientras se reduce el coste de la inversión en las empresas para que estas generen inversión y empleo. El círculo es vicioso. Y plantea la necesidad de un marco vasco diferente que proteja una relación responsable entre la empresa y la sociedad.