El respaldo del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco a la exigencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Asier Atutxa, de la transferencia a Euskadi de la infraestructura que dirige refuerza una demanda que posee bases legislativas y económicas y que a su vez describe a la perfección cómo la interpretación más restrictiva por el Estado del reparto competencial que contemplan el Estatuto y la Constitución influye negativamente en las potencialidades de nuestro país. Basta repasar la única cortapisa a la asunción de la competencia, residenciada en el art. 149.1.20 de la Constitución, que la otorga al Estado en el caso de los puertos “de interés general”, clasificación que, según especifica la Ley de Puertos, se concede según algo tan indeterminado como “la relevancia de su función en el conjunto del sistema portuario” (art. 2.5); por efectuarse en ellos, por ejemplo, “actividades comerciales marítimas internacionales” o cuyo “volumen anual y características (...) responda a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado” (art. 4.1). Es arbitrario y discordante con la misma exposición de motivos de la propia ley, que aboga por una “profundización de la autonomía funcional y de gestión de las Autoridades Portuarias” y una mayor participación de las CCAA. Pero, en todo caso, no impediría el cumplimiento del Estatuto, cuyo art. 12.8 otorga a la CAPV la ejecución de la competencia en “puertos y aeropuertos con definición de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. Es decir, la transferencia solo depende de la voluntad del Estado y, se supone, esta debe ir en consonancia con la mejor utilización de sus recursos. Porque, efectivamente, la exigencia del presidente del Puerto de Bilbao tiene asimismo base económica. Por esos 4,5 millones de euros anuales que entrega a Puertos del Estado en virtud del “4% de los ingresos devengados por las Autoridades Portuarias en concepto de tasas” que estipula la Ley de Puertos en su art. 19.1b y porque, como apuntaba Atutxa, el Puerto supone casi un 1,3% del PIB vasco y contribuye al mantenimiento de 8.000 puestos de trabajo, lo que permitiría razonar la asunción de la competencia por el art. 10.25 del Estatuto que responsabiliza al Gobierno Vasco de la “promoción, desarrollo económico y planificación económica del País Vasco”, para la que el puerto y su actividad resultan esenciales.
