La presentación por la Diputación Foral de Álava y las Juntas Generales de ese territorio, por un lado, y del Ayuntamiento de Gasteiz, por otro, de sendas querellas criminales para determinar las responsabilidades por la matanza del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa; y las denuncias de otras dos víctimas del franquismo ante el consulado argentino de Madrid para que la Fiscalía de aquel país valore su inclusión en la causa abierta por la juez María Servini constituyen la prueba efectiva de la inutilidad de los esfuerzos deplegados en el Estado español para tratar de dejar los crímenes de la dictadura franquista en el olvido. No se trata únicamente de la imprescriptibilidad de los desmanes franquistas, que responden a la definición de lesa humanidad especificada en el Estatuto de Roma -que el Estado ratificó y en vigor hace ya 14 años- y del que se desprenden las actuaciones de la Corte Penal Internacional, sino también de la incapacidad de esos esfuerzos para anular la memoria de las víctimas y sus familias, que hacen bueno el principio de que la exigencia de justicia universal no puede estar ceñida a plazos, y de la propia sociedad, que la sigue planteando a través de sus representantes políticos. Si hace apenas unos días los jueces recordaban a la Fiscalía General del Estado que esta no es competente para decidir sobre la toma de declaración de los querellantes en la causa abierta por la juez Servini, dejando en evidencia la pretensión de la fiscal general de evitarlas a través de una instrucción de obligado cumplimiento enviada a los fiscales, la suma de las querellas de las instituciones de Araba, que ya habían decidido personarse en la causa argentina, y de las dos nuevas denuncias de dos casos concretos -un fusilamiento en Mahón y un caso de torturas en Madrid- confirman que ni esa ni otras actuaciones, empezando por la reforma express por el PP de la Ley del Poder Judicial, impedirán la exigencia de asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes de la dictadura y, subsidiariamente, por el Estado español. Y no lo harán a pesar de que sus gobiernos, incluso más de cuarenta años después de cuarenta años de franquismo, sigan pretendiendo no reparar aquellas dramáticas injusticias y obvien la necesidad de eliminar las dudas respecto a la democracia que sucedió a un régimen inmoral.