La confirmación de que el Gobierno español aún en funciones presidido por Mariano Rajoy formalizará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la 26ª promoción de la Ertzaintza, en fase preliminar, mientras sigue pendiente la resolución del Tribunal Supremo respecto a un recurso similar contra la promoción anterior -cuyos 254 agentes ya se hallan en la calle en prácticas-, solo puede ser consecuencia de la inquina ideológica con que el PP se opone a los principios y logros del autogobierno vasco. Lo es desde el momento en que los recursos contra la renovación de la plantilla de la Ertzaintza ignoran los acuerdos bilaterales que, respondiendo a la legalidad emanada del Estatuto de Gernika, se alcanzaron en 2004 en la Junta de Seguridad; también porque obvian que las respectivas convocatorias han sido respaldadas mayoritariamente en el Parlamento Vasco. Subyace en el fondo de esos recursos del Gobierno Rajoy contra la Ertzaintza su incomodidad con la existencia y desempeño de una Policía vasca cuya operatividad no controla, lo que cuestiona tanto la exclusividad del gobierno español en el ámbito de la seguridad -seguramente también el modo de desarrollar ésta- como la uniformidad con que Rajoy y los suyos entienden el concepto de Estado. Los recursos contra la renovación de la plantilla de la Ertzaintza, que no ha alcanzado los ocho mil agentes y precisa de esas dos nuevas promociones para sustituir al menos en parte el millar de ertzainas que alcanzará la jubilación en los próximos tres años, se deben considerar por tanto un peligroso intento de reducir el despliegue y capacidad de la Policía vasca, una desconsideración de las necesidades de seguridad de la ciudadanía vasca, también ante las nuevas formas de delito que acechan. O, en su defecto, la intención de mantener o incrementar, burlando la legalidad estatutaria, el despliegue y las actuaciones que las FSE están llevando a cabo (la última ayer mismo) en la CAV, en una recentralización de los recursos de seguridad similar a la que el Gobierno Rajoy ha acometido en tantos otros ámbitos. Quizá asimismo para justificar así aumentos de plantilla como los que pretende en la Policía Nacional y la Guardia Civil, más de cinco mil agentes este año, un 3,5% de ambos cuerpos, cuando una promoción de ertzainas apenas llega al 3,1% de la plantilla acordada.