La escenificación, ayer, del acuerdo alcanzado por el PP y Ciudadanos mediante el que la formación liderada por Albert Rivera votará a favor de la investidura de Mariano Rajoy los próximos miércoles 31 de agosto y viernes 2 de septiembre representa un incomprensible déjà vu político que retrotae a la ciudadanía al mismo escenario que ya sufrió hace cinco meses con el pacto de C’s con Pedro Sánchez, aunque cambie uno de los protagonistas. Al igual que ocurrió en marzo, el conjunto de medidas acordadas y presentadas ayer con similar solemnidad a la de entonces -y que el PP ridiculizó con especial saña- son papel mojado porque, como reconoce el propio candidato, lo único que está garantizado es su rotundo fracaso en el Congreso de los Diputados. Así las cosas, y remedando al candidato popular Alfonso Alonso, resulta que es Rajoy quien se ha “sanchificado”, ya que está imitando cada paso que ya dio el líder del PSOE y que él mismo censuró con dureza, incluyendo la parafernalia, el socio (Rivera), el formato de la investidura (a mayor gloria propia) y la seguridad del fracaso. Por no hablar del contenido del acuerdo, ya que, según se ha encargado de recordar Ciudadanos, al menos cien de las 150 medidas coinciden de manera esencial con el que firmaron con los socialistas. Con lo cual, nos encontramos en el mismo punto que hace cinco meses: con un acuerdo irrelevante para una investidura imposible que aboca a un bloqueo permanente. Solo la confirmación por parte de Rajoy de que no descarta volver a presentarse a una segunda investidura permite adivinar que la intención del líder del PP es someterse a la humillación que siempre negó con el objetivo de presionar aún más al PSOE, en la confianza de que a medida que vaya pasando el tiempo y se agoten los plazos sus dirigentes -sobre todo los barones- serán cada vez más permeables a facilitar la gobernabilidad, incluso si ello obliga a deshacerse de Pedro Sánchez. Por otra parte, es necesario constatar que, como se preveía, el acuerdo PP-C’s no solo no incluye un solo punto en positivo que pueda acercarse siquiera a la agenda vasca, sino que apuesta de forma clara por la recentralización, busca recortar el autogobierno y establece preocupantes medidas de “defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional”, lo que impide de facto cualquier apoyo de los nacionalistas.
