El primer funeral de Estado celebrado ayer por las víctimas del terremoto que ha asolado el centro de Italia fue la viva imagen de la desolación, el dolor y la rabia apenas contenida. El país entero tardará años en recuperarse de la tragedia que ha supuesto tanta muerte (oficialmente, 291 víctimas) y destrucción pero, además, las dudas, los interrogantes sobre si las autoridades hicieron una correcta labor de prevención ante posibles seísmos, acrecienta el sufrimiento de miles de personas afectadas y sacude a la sociedad italiana. Han pasado siete años desde que otro seísmo, el que destruyó L’Aquila en 2009, con más de 300 muertos y 1.500 heridos, sacudiera también el centro del país. Más allá de las críticas sobre la chapuza que supuso la reconstrucción de las zonas más afectadas -muchos de los afectados aún malviven en barracones-, la realidad es que en todo este tiempo, pese a los riesgos ciertos de que se produzcan temblores en la zona, no se han tomado medidas para prevenir ni para mitigar los efectos de un terremoto como el que tuvo lugar el pasado día 24. Muchos edificios se han derrumbado sin oponer una mínima resistencia al seísmo de seis grados en la escala de Ritcher, acrecentando la por otra parte muy extendida sospecha de que han sido construidos sin atender a las preceptivas -y se supone que estrictas- normas antisísmicas. La constatación de que la fiscalía de Rieti (centro de Italia) ha abierto una investigación preliminar por presunto desastre doloso ante las gravísimas consecuencias del terremoto invitan al recelo, agudizado por las siempre presentes sombras de la corrupción en un país como Italia, acostumbrado, como España, a convivir de manera casi permanente con ella. Es por ello plenamente legítima la demanda de las víctimas pero, sobre todo, la exigencia de una investigación y de que, de verdad, se tomen medidas para impedir una tragedia similar, lo que obliga al propio Gobierno italiano a tomar cartas en el asunto. De momento, lo urgente es proceder a la rápida y cuidadosa reconstrucción de Amatrice -el municipio más castigado- y otras zonas afectadas por el último terremoto, sin atajos ni chapuzas. Primero, por justicia hacia las víctimas, pero también por puro prestigio de Mateo Renzi, obligado a dar respuestas a las duras y lógicas críticas que está recibiendo.