La denuncia conocida ayer de una agresión sexual a una joven, en un suceso que tristemente no se puede considerar aislado en el entorno de las últimas ediciones de las fiestas de Baiona, o el todavía muy reciente homicidio machista en Bilbao, que añadió una tragedia humana más a las 850 mujeres asesinadas en el Estado en los últimos trece años, son las últimas y dramáticas expresiones extremas de un mismo problema que, sin embargo, se manifiesta de forma mucho más amplia como resultado de la discriminación de las mujeres y la situación de desigualdad de estas en sus relaciones con los hombres. Que el año pasado se presentarán más de 350 denuncias diarias por violencia machista en el Estado, casi quince de ellas cada día en Hegoalde (se formalizaron 5.380 en la CAV y 1.175 en Nafarroa), o que en la última década se hayan denunciado en el Estado una media de alrededor de dos mil violaciones anuales -cifra que en realidad no supone sino una parte (una sexta parte, según los expertos) de las agresiones sexuales que se cometen- y que el año pasado se registraran 259 casos de violencia sexual contra mujeres fuera del ámbito familiar en Euskadi apenas logra esbozar la verdadera dimensión de lo que es aún una de las mayores lacras de las sociedades que, como la nuestra, se consideran sin embargo avanzadas: la violencia contra la mujer en todas y cada una de sus formas. Así, la adhesión de treinta y nueve municipios de Euskadi al proyecto Beldur Barik promovido por Emakunde para prevenirla en las fiestas de verano o la campaña que, ahondando en las de años anteriores, pondrá en marcha el Ayuntamiento en fiestas de La Blanca contra las agresiones sexuales deben servir no solo como prevención del problema sino también como correa de transmisión que extienda ese compromiso institucional a la conciencia del ciudadanía, independientemente del género o especialmente entre el género que la protagoniza: los hombres. Porque a pesar de la existencia de herramientas legales para perseguir esas actitudes, especialmente a raíz de la aprobación de la ley 1/2004 contra la violencia de género, que por primera vez reconocía y admitía la violencia contra la mujer de manera específica, la traslación a la práctica de la igualdad, de la oposición nítida y cruda a la desigualdad, aún debe realizar un largo recorrido.