El conocimiento público de las conversaciones mantenidas el 12 y 16 de octubre de 2014 por el ministro del Interior -hoy en funciones-, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, de las que se desprende de modo nítido el intento de involucrar artificialmente a políticos de CDC y ERC en actividades que pudieran ser incluidas en el capítulo de la corrupción con el fin de desprestigiarlos y minar el proceso soberanista en Catalunya es la gota que desborda el vaso de la indignidad de las actuaciones de un ministro de quien, una vez tras otra, se ha exigido su dimisión o el fulminante cese. El simple hecho de que Fernández Díaz, con conocimiento de Rajoy según se desprende de las grabaciones o sin él, pretenda hallar irregularidades sin tener indicios claros y con fines solo políticos ya es motivo para que dicha dimisión se produzca, sin esperar siquiera a una supuesta explicación que el propio ministro se empeña en no dar ya que en lugar de pretender justificarse, siquiera inútilmente, se limita a arremeter contra la grabación de su cita con De Alfonso y a anunciar una investigación para determinar los responsables de la misma. Pero es que, además, el fondo y motivo de su conversación casa con posteriores actuaciones policiales contra CDC, de un despliegue de medios y una exposición mediática inusitados, como la de un año después, octubre de 2015, con el registro de la sede de Convergencia y la detención de su tesorero; o con el supuesto informe de la UDEF, que luego no era tal, sobre presuntas cuentas en Suiza de Artur Mas y la familia Pujol o del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Y viene a incidir en la retahíla de escándalos de todo tipo que han salpicado la estancia de Fernández Díaz en Interior, todas ellas suficientes por sí solas para apartarle del Ministerio: la reunión con Rodrigo Rato el 29 de julio de 2015, en pleno proceso contra éste por el caso Bankia; pero también las declaraciones del ministro anunciando el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, en 2012; la investigación policial a decenas de docentes navarros debido al modelo educativo e idioma en que daban clase; o hechos hasta mucho más graves como la muerte de una quincena de inmigrantes en la valla de Ceuta debido a la inhumana actuación policial derivada de las políticas de firmeza dictadas por un ministro que ni puede serlo un segundo más ni debe aspirar de nuevo a un cargo público.