El clarísimo cuestionamiento por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de las políticas de austeridad que la Unión Europea en general y el Estado español en concreto han venido implantando desde 2010 no es sino la constatación de la realidad, de los efectos de las mismas, que sin embargo ya habían venido siendo advertidos con anterioridad desde entonces por prestigiosos economistas. De hecho, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante años había defendido políticas de austeridad basadas en los recortes del gasto y el aumento de la recaudación fiscal, se cayó del caballo hace escasas fechas a través de un informe de tres de sus principales economistas investigadores -Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri- que criticaba el neoliberalismo impuesto como creador de un “aumento de la desigualdad, que daña el nivel y la sostenibilidad del crecimiento”, modo diplomático de constatar el fracaso de las políticas neoliberales allí donde se han aplicado. Y antes que ellos, Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015 precisamente por sus estudios sobre consumo, ingresos, estándares de vida y pobreza, señalaba como necesario que países como Alemania o Gran Bretaña “decidan que esa austeridad fue un error” mientras otros como Krugman o Stiglitz ya habían analizado los efectos depresivos para la economía de las políticas de recortes, que han causado graves pérdidas en empleo y producción a corto plazo -lo que es especialmente evidente en el Estado español- y ahora lastran el crecimiento a medio y largo plazo, destacando la correlación entre las dificultades de lograr un crecimiento real, más allá de lo que simplemente indica el PIB, y el grado de austeridad impuesto para corregir el tan escasamente fundamentado empeño de corrección del déficit. Que hoy la OCDE considere que los recortes presupuestarios “contribuyeron a intensificar y prolongar la recesión” y abogue por la flexibilidad y por una “orientación expansionista” de los presupuestos no es sino un reconocimiento tardío de un error cuyo coste en sacrificios sociales está aún por determinar y reconviene y desdice de modo nítido a quienes, como el Gobierno del PP, manejan el índice del PIB como prueba de éxito de unas políticas que, sin embargo, además del coste social, destruyen potencial de crecimiento y retardan lustros el retorno a la estabilidad económica.
