La condena impuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por no investigar la denuncia de torturas presentada por Xabier Beortegi tras su detención en 2011 acusado de presunta pertenencia a Ekin lleva en la reiteración de sus fundamentos la evidencia de que los poderes del Estado español han hecho -y hacen- caso omiso del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El hecho de que el TEDH se haya pronunciado por unanimidad y constate que la ausencia de una investigación exhaustiva y efectiva por parte de la autoridades policiales y judiciales impide que exista constatación suficiente de tortura, lo que incumple el art. 3 (“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”) del citado Convenio, supondría una evidencia incluso sin los antecedentes que el fallo tiene en otras sentencias similares y reiteradas contra el Estado español. Porque la de Beortegi es la séptima condena desde que en 2010 se emitiera la del caso de Mikel San Argimiro tras su detención en 2002; a la que siguieron, en una cadencia reveladora, los casos de Aritz Beristain, detenido ese mismo año y resuelto por el TEDH en 2011; Martxelo Otamendi, detenido en 2003 y resuelto en 2012; los de Oihan Ataun, detenido en 2008, y Beatriz Caballero, detenida en 2011, resueltos por el Tribunal Europeo en 2014; y el de Patxi Arratibel, detenido en 2011 y resuelto en 2015. Porque asimismo no se deben olvidar las recientes advertencias al respecto (abril del pasado año) que el Comité contra la Tortura de la ONU ha realizado respecto a la vulnerabilidad del sistema de garantías de los detenidos en el Estado español, especialmente cuando son sometidos a incomunicación. Y porque pese a que el informe realizado por el forense Paco Etxeberria documenta 3.587 denuncias de torturas recopiladas en Euskadi hasta 2013 pero sólo se han producido media docena de condenas a agentes policiales, desde el mundo judicial aún estos días se ha defendido que las instituciones públicas son las primeras interesadas en la erradicación de la violencia y el maltrato policial, lo que la misma sentencia del TEDH desmiente al exigir -y por tanto denunciar como inexistente- “un código de conducta claro para los funcionarios” policiales y la adopción de las medidas recomendadas por la Comisión Europea del Comité para la Prevención de la Tortura.
