Amedida que se han ido conociendo algunos detalles y los entresijos de la presunta red de extorsión creada por los máximos responsables de los colectivos Manos Limpias y Ausbanc con el objetivo de lucrarse de manera delictiva bajo la apariencia de la lucha por la justicia y contra la corrupción, más evidente se hace a los ojos de la opinión pública que, más allá de estos hechos objetivos, algunos poderes del Estado han aprovechado sus muchas veces cuestionables actuaciones en la medida que respondían a sus intereses políticos y jurídicos, hasta que o bien ha sido imposible mantener ya la ficción o bien estas asociaciones habían ido demasiado lejos en algunos de sus casos. Manos Limpias y Ausbanc, con sus líderes Miguel Bernad y Luis Pineda a la cabeza, han protagonizado buena parte de las acusaciones más mediáticas y polémicas de los últimos años. Provenientes tanto Bernad como Pineda de la extrema derecha pura y dura -incluso con vínculos pseudoviolentos-, muchos han sido quienes han denunciado en numerosas ocasiones sus vínculos ideológicos y económicos y sus prácticas mafiosas. El ejemplo más palpable, y que era público y notorio para propios y extraños, era la a todas luces fraudulenta inscripción de Manos Limpias como “sindicato”, al que nadie, por cierto, le reprochaba su evidente falta de actividad en este terreno. Casos como los sufridos por el que fuera presidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa y los entonces miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, que fueron condenados e inhabilitados con la única acusación de Manos Limpias por defender la independencia del Legislativo vasco, eran clara muestra tanto de los intereses espurios del “sindicato” como del aprovechamiento político del mismo por parte del Estado. La investigación judicial apunta a la creación entre ambos sospechosos de una red de extorsión a bancos -a cambio de no hacer publicidad negativa sobre ellos- y a algunos acusados, a los que se pedía dinero a cambio de retirarse del caso. Y es aquí donde el sistema ha colapsado, ya que Manos Limpias ejerce la acusación contra la infanta en el caso Nóos. Quizá tenga razón el juez Castro, que ve en esta operación una “estrategia” para librar a la infanta del banquillo, pero, en todo caso, la justicia y los poderes del Estado han vuelto a quedar en evidencia por permitir y fomentar organizaciones y actuaciones más que irregulares.
